La Fiscalía se encuentra aguardando los resultados de una última pericia tecnológica clave realizada por la división de Cibercrimen, la cual permitirá solicitar formalmente la elevación de la causa a juicio oral.
A diferencia de estudios previos, este análisis no se centra en los teléfonos celulares secuestrados, sino en la recuperación de información eliminada de las cuentas digitales de la víctima y los imputados. Los expertos buscan reconstruir la actividad en la "nube", específicamente los registros de geolocalización, mensajes y búsquedas en internet realizados entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2023.
La abogada querellante, Carolina Aquino, destacó la relevancia de esta medida para el avance del proceso: "Insistimos en que se realizara esta pericia porque entendíamos que podía aportar datos relevantes sobre lo ocurrido". Según la letrada, el objetivo primordial es agotar todas las instancias investigativas para que no queden cabos sueltos antes del debate en el tribunal.
Aunque todavía no se ha determinado qué tipo de información específica se podrá extraer, la querella confía en que los datos borrados aportarán pruebas fundamentales sobre lo sucedido durante los días de la desaparición. Una vez que el informe técnico sea incorporado al expediente, se considerará que no quedan más pruebas pendientes por producir.
De cumplirse los plazos previstos, la causa ingresará en la etapa de juicio oral antes de que finalice el año 2026. Al respecto, Aquino manifestó su firme expectativa de lograr justicia: "Desde la querella hacemos todo lo que está a nuestro alcance para llegar al juicio y, eventualmente, obtener una condena".
