El tratamiento de uno de los proyectos legislativos locales con mayor sensibilidad social y exposición mediática del último trimestre quedó formalmente paralizado en el plano institucional. La sesión ordinaria del Concejo Municipal de Resistencia, pautada para este martes con el objetivo de debatir la ordenanza que busca prohibir de forma definitiva la actividad de los cuidacoches en el ejido urbano, debió ser suspendida ante la imposibilidad del oficialismo de consolidar el número reglamentario de bancas. La frustrada jornada legislativa no solo dilató una definición sobre la seguridad en la vía pública, sino que expuso una profunda fractura política en la coalición gobernante respecto al abordaje de esta problemática.
La parálisis parlamentaria se originó a partir de una estrategia combinada de ausencias que bloqueó la apertura del recinto. Por un lado, el bloque de concejales del Partido Justicialista optó por el vaciamiento de la sesión al no presentarse en sus bancas, una maniobra previsible dentro del juego de la oposición. Sin embargo, el factor político que encendió las alarmas en el microcentro resistenciano fue la sorpresiva inasistencia de la concejal Miriam Jara, una de las espadas legislativas que responde directamente a la conducción del intendente de la capital. Su falta de aviso y posterior ausencia dejó a la bancada de la Unión Cívica Radical con solo cinco ediles, un número insuficiente para alcanzar el quórum mínimo requerido.
La jugada de la concejal alineada con el Palacio Municipal alimentó de forma inmediata las versiones de pasillo sobre el malestar del jefe comunal frente al tenor punitivo de la norma en debate. Según fuentes partidarias de alta fidelidad, el intendente Roy Nikisch mantendría un fuerte disenso con la idea de criminalizar o vetar de plano la permanencia de los cuidacoches en las calles céntricas, prefiriendo evitar un foco de conflicto social directo con los sectores vulnerables que se manifestaban en las afueras del edificio. Frente a este panorama, las fuentes judiciales precisaron el rumbo operativo que pretende imprimirle la Intendencia a la situación de las veredas: “El intendente Roy Nikisch no avalaría la aprobación de la ordenanza que prohíbe la actuación de los trapitos y habría optado por trasladar la resolución del conflicto al ámbito de la Policía del Chaco”.
A pesar del severo revés político interno, el ala dura del bloque oficialista ratificó que no depondrá su agenda de control urbano. Tanto el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Aradas, como el jefe de la bancada radical, Javier Dumrauf, salieron al cruce de los rumores y confirmaron que arbitrarán los medios institucionales para reincorporar el proyecto de prohibición en el orden del día de la próxima semana, buscando forzar a las distintas líneas del radicalismo a definir su voto cara a cara frente a la ciudadanía.
La onda expansiva del desacuerdo político paralizó el resto de las actividades comisionales de la jornada, interrumpiendo el normal funcionamiento de las carteras de Asuntos Generales y de Hacienda y Presupuesto. Como represalia interna ante la falta de quórum, los legisladores alineados con la prohibición suspendieron los despachos previstos para una serie de habilitaciones comerciales de gran envergadura que habían sido solicitadas con urgencia por el propio Departamento Ejecutivo. El debate en torno a las calles de Resistencia excede de este modo lo meramente contravencional, transformándose en un termómetro que mide la convivencia social y la gobernabilidad del oficialismo local.





