El debate sobre la transparencia institucional y los límites de la responsabilidad penal de los máximos mandatarios frente a los presuntos desfalcos de sus subordinados volvió a instalarse en la agenda pública de Chaco y el país. Tras los ruidosos episodios de supuestos delitos económicos que involucran a figuras de la cúpula oficialista, el reconocido abogado penalista y docente universitario, doctor Juan Arregín, analizó las implicancias jurídicas de estos expedientes y advirtió sobre los desafíos que enfrentan los fiscales para investigar al poder de turno.
En una entrevista concedida a Radio Facundo Quiroga, Arregín abordó conceptualmente la premisa social de si un presidente debe, por defecto, conocer cada hecho de corrupción que se suscita bajo su órbita. Al respecto, el letrado marcó una línea de corte técnico: "El derecho penal establece conductas prohibidas con una sanción. En principio no hay responsabilidades indirectas, salvo que hablemos de participación criminal: autores, partícipes primarios (o cómplices) y partícipes secundarios (o encubridores). Esto lo discutimos mucho en su momento con el caso de los Sena, respecto de la participación de los padres en el hecho imputado a César".
Llevando el análisis al plano de la gestión de La Libertad Avanza, el penalista detalló el camino formal que los tribunales federales deben trazar respecto de la situación patrimonial del recientemente renunciado vocero presidencial, Manuel Adorni: "Aquí se analiza si hay enriquecimiento ilícito o lavado de dinero de origen delictivo. La justicia es la que primero debe definir si Adorni cometió delito; a partir de ahí recién podríamos avanzar en investigar el conocimiento, la participación o no del presidente de la Nación, Javier Milei, y de otros miembros del gabinete".
De Cromañón a las inconsistencias del "perdón fiscal"
Para explicar cómo la jurisprudencia argentina ha ponderado la responsabilidad de los jefes políticos, Arregín apeló a los antecedentes históricos y a la doctrina de la "culpa in vigilando" (la obligación de controlar a los subalternos):
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El precedente Ibarra: El abogado recordó que a partir de la tragedia de Cromañón se instaló con fuerza este criterio. "Antes a nadie se le hubiese ocurrido sancionar al jefe de Gobierno de la Ciudad por la responsabilidad directa de inspectores municipales, pero la destitución de Aníbal Ibarra tuvo esa connotación de control. Una situación con otra tonalidad jurídica se dio con Cristina Kirchner y el enriquecimiento de sus funcionarios", contrastó.
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La ostentación patrimonial: Arregín fue punzante al graficar el salto patrimonial del exvocero: "El ejemplo normal es el del vecino del barrio que de un día para el otro aparece con una casa y un auto muy lindo y no cierra de dónde sacó el dinero. En el caso de Adorni está más que claro: una persona que venía de trabajar en una concesionaria, pasó a ser columnista y de repente hace una ostentación de consumo que llama la atención".
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La trampa del blanqueo: El especialista cuestionó los "atajos legales" que ensayó la defensa pública del exfuncionario. "La posibilidad de justificar bienes diciendo: 'No, yo en realidad encontré un pendrive donde tenía criptomonedas guardadas' a través de la ley de perdón fiscal, termina siendo una confesión de que al menos omitió la declaración jurada, y eso en sí ya es un delito", aseveró.
La estafa "Libra" y la tolerancia social a la corrupción
Durante la entrevista radial, se trajo a colación el recordado escándalo del Día de los Enamorados, vinculado a una presunta estafa financiera con la criptomoneda Libra, donde la figura presidencial quedó expuesta públicamente. Arregín puntualizó que "los funcionarios públicos tienen vedado realizar negociaciones incompatibles con su función. Si un gobernador viaja para conseguir inversiones para su provincia es una cosa; si lo hace para obtener un beneficio en su propiedad privada, es un delito. Lo que hizo el presidente recomendando la adquisición de estas criptomonedas podría asimilarse, pero el punto central es el trabajo serio que deben llevar adelante los fiscales, desprendidos de esa vieja práctica de que al que ejerce el poder no se lo investiga y al que lo perdió se lo ataca con todo".
Finalmente, en sintonía con las recientes revelaciones del jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, sobre una red de coimas en la Caminera de Santa Silvina, Arregín lamentó la alarmante naturalización del cohecho en las rutas y la administración pública. "Hay una especie de perdón social. En Corrientes se escuchaba mucho el dicho: 'El que hace gárgaras, algo traga', una frase que convalidaba que el que administra la cosa pública tiene permiso para quedarse con algo. Lamentablemente la vara moral se ha ido corriendo de a poquito por no involucrarnos, pero la ley dice que está mal. Si dejamos que uno robe, después todos van a robar", concluyó el letrado.
