Un severo caso de corrupción institucional sacude los cimientos de la Policía del Chaco y amenaza con ramificarse hacia otros organismos estatales de recaudación. La Jefatura de la fuerza provincial dispuso el apartamiento inmediato, el retiro del arma reglamentaria y la suspensión de haberes de un suboficial, luego de que se viralizara un archivo de audio que expuso un aceitado mecanismo de cobro de dádivas y cohecho a transportistas de carga pesada en el sudoeste de la provincia.
En una entrevista concedida a Radio Facundo Quiroga, el jefe de la Policía chaqueña, Fernando Romero, ratificó que las actuaciones se iniciaron estrictamente de oficio debido a que, hasta el momento, no se registraron denuncias formales de particulares o empresas damnificadas en las dependencias policiales. La investigación interna y los testimonios recabados a toda la guardia del puesto de control caminero de Santa Silvina —dependiente de la división de Policía Caminera de Villa Ángela— permitieron identificar al sargento ayudante Franco Rodrigo Nigra como el presunto autor de la grabación que desató el escándalo.
El trasfondo económico de la maniobra delictiva revela un flujo de dinero de alta escala. De acuerdo con el audio bajo análisis pericial, el canon ilegal exigido a los transportistas oscilaba entre los $600.000 y $800.000 por camión para permitirles el libre tránsito por el puesto limítrofe sin las correspondientes fiscalizaciones. "Seguramente la empresa o el camionero, para evadir impuestos provinciales, tiene aceitada esa maquinaria", analizó Romero, quien no descartó que la causa sea encuadrada legalmente bajo la figura de asociación ilícita, la cual requiere la participación penal de tres o más personas.
El entramado y la conexión con Rentas
La investigación judicial, delegada en la Dirección de Investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña y bajo la dirección del doctor Daer (titular de la Fiscalía N° 4 de Villa Ángela), apunta a detectar la cadena completa de responsabilidades y un posible entramado sistémico de evasión impositiva:
-
Complicidad externa: La pesquisa penal no se limita únicamente al ámbito policial. El jefe de la fuerza admitió sospechas fundadas respecto de la complicidad de empleados de la Administración Tributaria Provincial (ATP, ex-Rentas), quienes operarían en sintonía con los efectivos apostados en la frontera provincial para obviar el cobro de tasas impositivas y guías de transporte.
-
Análisis patrimonial: La fiscalía ordenó la apertura de una investigación integral sobre el patrimonio del suboficial suspendido y de todo el personal que prestaba servicios en turnos coincidentes en el puesto de Santa Silvina, con el fin de detectar desajustes financieros ostensibles en relación a sus ingresos registrados.
"Tengo 36 años de servicio. Yo entré a la policía en marzo del 90 y ya teníamos hechos de coima en camineras. Hoy la tecnología permite que se viralicen situaciones que siempre ocurrieron... Nuestra justicia administrativa es mucho más severa que la ordinaria: podrán ser sobreseídos en los tribunales, pero en la fase interna no tendrán escapatoria y serán expulsados directamente de la fuerza".
(Comisario General Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco)
El titular de la fuerza de seguridad provincial reconoció con dureza que, si bien estadísticamente se trata de "pocos hechos", revisten una "gravedad extrema" que impacta de lleno en el prestigio institucional, emparentando este escándalo con otros sucesos de fuerte repercusión pública en la provincia, como los casos que involucraron en su momento al cabo primero Tudie y al oficial Iturri en Colonias Unidas. Romero enfatizó que las desviaciones éticas atraviesan a "todas las jerarquías" de la fuerza, pero garantizó la aplicación de las máximas sanciones expulsivas —cesantías y exoneraciones— una vez acreditadas formalmente las faltas administrativas.
