En medio de la atención pública concentrada en el desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, la Cámara de Diputados de la Nación reactivará su agenda de comisiones este miércoles para abordar una de las prioridades del paquete de seguridad del Poder Ejecutivo. La comisión de Legislación Penal iniciará de manera formal el tratamiento del proyecto de "ley anti barras", el cual busca implementar un régimen integral para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos mediante severas reformas al Código Penal.
La titular del cuerpo legislativo, la diputada Laura Rodríguez Machado, formalizó la convocatoria para las 12:00 en el anexo de la Cámara Baja. Para este primer debate técnico, se aguarda la participación de altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Ministerio respectivo, quienes asistirán con el propósito de defender la letra chica y desglosar los fundamentos de una iniciativa orientada a tipificar las conductas de los grupos organizados de hinchas radicales.
De acuerdo con las especificaciones técnicas, el andamiaje jurídico de la propuesta —que recoge gran parte de los diseños normativos impulsados oportunamente por la actual senadora Patricia Bullrich— establece como columna vertebral el agravamiento sustancial de las penas mediante la creación de un nuevo "tipo especial de asociación ilícita". Esta figura penal apunta directamente a desarticular las cúpulas de las organizaciones que operan dentro de los clubes. En ese sentido, el proyecto introduce un fuerte componente de control institucional al tipificar penas de hasta seis años de prisión para los dirigentes deportivos que colaboren, financien o mantengan esquemas de connivencia económica con las barras, autorizando la investigación de maniobras irregulares tales como el desvío y entrega de tickets de acceso.
El debate se reactiva en un contexto donde, de manera coincidente con experiencias de citas mundialistas previas, persisten sospechas cruzadas sobre la presunta provisión de pasajes aéreos y entradas a los estadios por parte de sectores vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en favor de referentes de diversas parcialidades locales. Frente a estas dinámicas, el proyecto oficial establece un riguroso esquema de sanciones punitivas:
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Daños materiales: Penas de 1 a 4 años de prisión para quienes destruyan muebles o inmuebles en ocasión del espectáculo.
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Elementos contundentes: Escala penal de 3 años y 6 meses a 6 años de prisión por portación de armas blancas, piedras o botellas.
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Sustancias peligrosas: Prisión de 4 a 8 años para quienes introduzcan o guarden elementos inflamables, asfixiantes o tóxicos en los predios.
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Armamento y explosivos: Penas de 4 a 10 años de cárcel por tenencia o portación de armas de fuego y artefactos explosivos.
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Distribución e irregularidades: Sanciones de 2 a 6 años de prisión efectiva tanto para la entrega ilegal de entradas como para los circuitos de reventa de tickets.
En los fundamentos girados al Congreso, el Poder Ejecutivo argumenta que las organizaciones delictivas ligadas al ámbito deportivo han mutado sus operaciones, excediendo con creces el marco temporal y espacial de los 90 minutos de juego contemplado en la histórica Ley N° 23.184. Las autoridades sostienen que estos grupos permanentes ejecutan acciones violentas fuera de los estadios si perciben amenazas sobre sus cajas financieras o en disputas por el control interno de las tribunas, registrándose además graves delitos de odio contra simpatizantes por su sola pertenencia futbolística. Por tales motivos, la Casa Rosada fundamenta la urgencia de dotar a la Justicia de herramientas eficaces para neutralizar al crimen organizado y devolver el disfrute pacífico del deporte a las familias argentinas.
