La Justicia Federal recibió una denuncia penal solicitando investigar un presunto esquema de irregularidades administrativas en la implementación del plan de retiros voluntarios llevado a cabo en el Ministerio de Justicia de la Nación durante los años 2024 y 2025. La presentación advierte además sobre la posibilidad de que dicho mecanismo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tras el traspaso de exfuncionarios al organismo de salud.
La acción fue promovida por el investigador Fernando Miguez, en representación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó constituirse como parte querellante. El escrito apunta, entre otros, contra:
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María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI).
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Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI).
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El abogado Danilo Sergio Montevidoni y Emilio Zicavo.
La nómina de presuntos delitos a investigar incluye defraudación en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.
La operatoria bajo sospecha: contratos ACARA y desvinculaciones
El eje principal de la denuncia radica en la modalidad utilizada para desvincular al personal contratado mediante el ente cooperador ACARA. De acuerdo con el texto acusatorio:
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Bypaseo normativo: Pese a que la reglamentación establecía que las salidas debían formalizarse vía escritura pública, se habrían ejecutado homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
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Honorarios indebidos: Esta maniobra habría derivado en el cobro de honorarios profesionales no previstos en la normativa oficial.
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Falta de libre elección de letrados: Testimonios incluidos en el escrito indican que numerosos trabajadores habrían sido representados por un mismo abogado patrocinante sin haberlo seleccionado de forma directa.
La presentación judicial advierte también sobre presuntas relaciones societarias cruzadas entre los imputados, el uso no justificado de un vehículo a nombre de un contratista del Estado y el incumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba al Ministerio entregar información pública sobre los montos asignados al plan.
Pedido de pruebas y tajante desmentida oficial
Entre las medidas solicitadas por el denunciante figuran el requerimiento de documentación a ministerios y organismos descentralizados, citaciones a declaración testimonial, la revisión de registros patrimoniales y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para dilucidar si el modelo fue replicado tras el desembarco de las autoridades en el PAMI.
Ante la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del oficialismo desmintieron en forma rotunda la denuncia, asegurando que todos los procesos de retiro voluntario dentro de la administración pública se llevaron a cabo con estricto apego a la ley y sin ningún tipo de anomalía.
