La iniciativa, que lleva casi cuatro años en la Cámara de Diputados sin ser debatida, busca dar respuesta a la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que sufren la privación del afecto de uno de sus padres o de su familia extensa.
El proyecto no tiene como fin la criminalización, sino que se plantea como una herramienta administrativa para desalentar el incumplimiento de las resoluciones judiciales que establecen regímenes de comunicación. El mecanismo funcionaría de manera similar al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, imponiendo restricciones a quienes, de manera deliberada, persistan en impedir el contacto del menor con sus familiares legitimados por la Justicia.
La misiva resalta que la obstrucción de vínculos no es una disputa política, sino una vulneración de derechos humanos fundamentales de la infancia. El mayor daño recae sobre los niños, quienes crecen privados de su identidad familiar y de una parte esencial de su historia, contraviniendo lo establecido en la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Chaco busca sumarse a provincias como Salta, Mendoza y Río Negro, que ya cuentan con instrumentos similares para proteger los vínculos familiares. Por ello, el documento solicita a los diputados y diputadas que dejen de postergar el debate y analicen la propuesta con responsabilidad, permitiendo que las diferencias de criterio sobre el articulado se resuelvan mediante el diálogo en comisión y en el recinto.
“La grandeza de la política también se demuestra cuando es capaz de dejar de lado diferencias y trabajar en favor de los derechos de los niños”, sostiene la carta en su cierre. El pedido final convoca a toda la sociedad chaqueña a acompañar esta causa para que el interés superior del niño deje de ser un expediente archivado y se transforme en una herramienta efectiva de protección estatal.
Alejandro Segovia
DNI 23106251
Ref. Provincial Infancia Compartida
