La Cámara de Diputados de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto que autoriza el plan de pago destinado a los dos últimos grupos de acreedores que mantenían demandas activas contra el Estado argentino tras el default de la deuda pública declarado en 2001. La iniciativa recibió sanción definitiva con 139 votos a favor y 97 en contra, convalidando los acuerdos de conciliación a escasos días del 30 de junio, fecha límite del plazo acordado con los denominados fondos buitre.
Las claves del acuerdo con los fondos buitre
La nueva normativa faculta al Poder Ejecutivo a saldar un litigio financiero que se extendió por más de dos décadas mediante las siguientes condiciones técnicas:
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Monto total: Se autoriza el pago de US$ 171 millones de dólares en total. De ese monto, US$ 67 millones corresponden a Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
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Mecanismo DVP: El desembolso se ejecutará mediante el formato internacional de Entrega contra Pago (Delivery versus Payment). Los fondos públicos se liberarán de forma simultánea a la acreditación y cancelación definitiva de los bonos.
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Quita y costas: El oficialismo destacó que se negoció una quita del 30% sobre el remanente de las sentencias y que los propios fondos holdouts deberán afrontar los costos legales y honorarios generados por el litigio.
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Cláusula Standstill: Se prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras de la República Argentina hasta que se complete la transacción.
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Levantamiento de embargos: La aprobación parlamentaria permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución forzosa que pesaban en los tribunales de Estados Unidos contra activos soberanos, incluyendo acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y la devolución de acciones clases A, B y D de YPF.
Cruces y posturas durante el debate
La defensa del oficialismo
El miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), defendió el dictamen argumentando la necesidad de cerrar "esta herida de deshonra internacional" tras 25 años de conflicto judicial. El legislador libertario acusó al kirchnerismo de "ser irresponsables y sinvergüenzas políticos" por la Ley de Pago Soberano de 2014 y advirtió que, de no aprobarse la ley, los acuerdos se caerían, reactivando las medidas de litigio y acelerando los embargos. En el cierre del bloque, Silvana Giudici ponderó que las firmas poseen sentencia firme en EE. UU. y que recuperar las acciones de YPF blindará a la compañía de futuros conflictos.
Los cuestionamientos de la oposición
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Unión por la Patria: El diputado Itai Hagman alertó que la ley busca iniciar "un nuevo ciclo de endeudamiento" que derivará en una crisis financiera, al tiempo que criticó el trato preferencial a un grupo minoritario por sobre la mayoría de los acreedores. A su vez, el jefe de la bancada, Germán Martínez, reprochó que el Gobierno ocultó el monto original de los bonos para auditar si el pago es correcto, recordando que las reestructuraciones de 2005 y 2010 defendieron de mejor manera el interés nacional.
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Encuentro Federal: Miguel Pichetto ratificó su rechazo al sostener que el acuerdo carece de la asignación presupuestaria explícita exigida por la Ley 24.156 de Administración Financiera. Además, sembró dudas sobre el rol de los intermediarios: "Esto es un juego del sector financiero, de los ‘traders’, donde las comisiones no están en la superficie, están ocultas y nos venden que no se cobran honorarios”.
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Frente de Izquierda: Néstor Pitrola fundamentó el voto negativo de la izquierda insistiendo en la postura histórica de romper con el FMI y desconocer de forma soberana la deuda exterior, advirtiendo que este entendimiento fija un peligroso precedente para someter nuevos títulos a la jurisdicción extranjera.





