El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para regularizar la tenencia de armas de fuego en el país. La votación resultó en 40 votos afirmativos, aportados por una coalición integrada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, frente a 26 votos en contra del interbloque peronista y Convicción Federal. Cabe destacar que, a pesar de las diferencias en el articulado general, la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas fue la única cláusula que obtuvo el respaldo unánime de la cámara alta.
Durante el debate, la senadora Carolina Losada, titular de la comisión de Seguridad Interior, subrayó que el corazón de la ley es fortalecer la trazabilidad y el control estatal sobre el armamento circulante. Losada enfatizó que la normativa permite a los ciudadanos entregar armas no registradas de forma anónima y voluntaria, recibiendo a cambio un incentivo económico sin enfrentar sanciones legales. "Con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad real, que es una de las cuestiones más importantes para la seguridad pública", afirmó la legisladora.
Desde la vereda opuesta, el senador Martín Soria manifestó la preocupación del bloque peronista ante lo que consideran un aumento desmedido del armamento en manos de civiles. Soria citó datos alarmantes, señalando que las armas registradas ante el ReNAr crecieron un 42% y que la importación de las mismas se triplicó respecto al año anterior. El legislador atribuyó este fenómeno a una "responsabilidad política" del actual gobierno, criticando la lógica detrás de la flexibilización de ciertos trámites de registro.
Por su parte, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cerró el debate defendiendo la modernización del sistema a través de una plataforma digital. Según Bullrich, la falta de registro actual hace que las armas sean "más peligrosas" al no existir seguimiento sobre ellas. La nueva ley simplifica los procesos para los usuarios legítimos: quienes renueven su credencial dentro de los 90 días previos al vencimiento no deberán revalidar su idoneidad ante la ANMaC, y se otorga un plazo de 360 días para que los poseedores de armas no autorizadas regularicen su situación.
Finalmente, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego quedó extendido hasta el 31 de diciembre de 2027. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) continuará incentivando el desarme civil mediante la entrega de cupones de pago canjeables por efectivo, garantizando que la destrucción de los materiales sea definitiva y segura. Con esta sanción, el Gobierno espera reducir el mercado ilegal de armas y formalizar la situación de miles de usuarios en todo el territorio nacional.





