En esta oportunidad, ambos dirigentes sociales se enfrentarán a un juicio oral que investigará presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos públicos.
La investigación penal, cuyos procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, se enfoca en la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña. De acuerdo con el expediente, la organización operaba casi de manera exclusiva con el Estado provincial y registró un crecimiento exponencial hacia 2023, año en el que recibió transferencias del Ministerio de Infraestructura y del IAFEP por más de 186 millones de pesos.
La acusación fiscal apunta a que los recursos públicos carecían de justificación legal y trazabilidad, debido a que la mayoría del dinero era retirada de forma masiva en efectivo. En este sentido, la fiscalía sostiene que el propio Sena retiró personalmente más de 140 millones de pesos durante el primer semestre de 2023, lo que impedía seguir el rastro de los fondos.
A estas maniobras se suma el presunto desvío de recursos destinados a la construcción de 40 viviendas sociales que nunca llegaron a ejecutarse, dejando un faltante estimado superior a los 62 millones de pesos. Los peritos intervinientes también detectaron incrementos de costos injustificados de hasta un 454% en mano de obra y materiales sin documentación de respaldo.
Con la confirmación de la fecha del debate oral, el tribunal buscará determinar las responsabilidades penales de la pareja en torno al manejo de esta caja de fondos estatales. De esta manera, el matrimonio sumará un nuevo proceso judicial por delitos financieros que se tramitará en paralelo a sus causas previas por delitos contra las personas.
