El transporte de larga distancia en la Argentina atraviesa una crisis profunda que amenaza la continuidad de un derecho sensible para miles de ciudadanos. La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) denunció públicamente que el Estado nacional mantiene una deuda acumulada que ya supera los 27.000 millones de pesos en concepto de compensaciones por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y bajo tratamiento de oncopediatría. El conflicto, que lleva más de un año judicializado, sumó un capítulo de extrema tensión luego de que la Secretaría de Transporte publicara la resolución 28/2026, mediante la cual eliminó definitivamente el esquema de asistencia económica para las compañías del sector, obligándolas a absorber los costos de manera total.
Desde la entidad empresarial pusieron el grito en el cielo al advertir que la medida oficial se tomó en medio de una disputa judicial abierta y recordaron que las empresas no reciben un solo pago por parte del Gobierno desde noviembre de 2024. A pesar de que el sector dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, las firmas aseguran que continuaron garantizando el beneficio por vías propias, entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos al año. La situación escaló a nivel institucional el pasado lunes 18 de mayo, cuando el Juzgado Federal interviniente declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional y aprobó una primera liquidación de deuda por 8.753 millones de pesos correspondientes únicamente al período entre noviembre de 2024 y abril de 2025, dejando al descubierto el desfinanciamiento que padece el sistema.





