El recrudecimiento de la conflictividad civil y la inestabilidad institucional en la región andina encendieron las alarmas de las áreas de control estratégico del Gobierno nacional. Los ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores coordinan un seguimiento minucioso del escenario en la República de Bolivia donde las masivas protestas, los cortes de rutas y las renuncias en el gabinete del presidente Rodrigo Paz amenazan con repercutir de forma directa en las provincias del norte argentino. A pesar de la gravedad de la situación los funcionarios de la Casa Rosada buscan mantener una postura de prudencia diplomática para evitar señales de sobrerreacción internacional mientras evalúan los planes de contingencia para la frontera.
La preocupación central de las autoridades federales radica en dos variables críticas que suelen activarse ante el desborde social de los países limítrofes. Por un lado se prevé un potencial incremento de los movimientos migratorios informales por los pasos vecinales de Salta y Jujuy debido al severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales que afecta a las principales ciudades bolivianas. Por otra parte las agencias de inteligencia advierten que la parálisis de las fuerzas de seguridad locales a causa de los disturbios urbanos incrementa el riesgo de una mayor actividad de las bandas del crimen organizado dedicadas al contrabando y al narcotráfico.
Al evaluar las prioridades operativas de las fuerzas federales en los límites territoriales y la necesidad de resguardar la soberanía nacional sin alterar los tratados de libre circulación vigentes los voceros del Poder Ejecutivo remarcaron el carácter preventivo de las medidas en estudio. En los despachos oficiales de Balcarce Cincuenta explicaron el criterio de cautela con el que se analiza el despliegue de las patrullas de Gendarmería Nacional en la frontera norte: “La situación aún se está evaluando y la decisión dependerá del Ministerio de Seguridad”. Bajo esta premisa aclararon que por ahora no se contempla reflotar el Plan Roca que permitía el apoyo logístico militar en la vigilancia fronteriza.
El posicionamiento de la administración argentina ya requirió intervenciones diplomáticas firmes para disipar malentendidos con los actores políticos del país vecino. El canciller Pablo Quirno debió salir al cruce de las declaraciones públicas del expresidente Evo Morales quien había denunciado un supuesto envío de equipamiento bélico y asistencia militar desde Buenos Aires hacia el Palacio Quemado. El jefe de la diplomacia argentina desmintió de forma categórica las acusaciones explicando que las operaciones de la Fuerza Aérea tuvieron como único propósito humanitario el traslado de provisiones de emergencia para los ciudadanos afectados por los piquetes de la Central Obrera Boliviana.
La evolución del conflicto en las próximas jornadas resultará clave para determinar si los comités de crisis de las provincias norteñas solicitan el envío formal de refuerzos de tropas federales para contener las aduanas y pasos habilitados. La Casa Rosada mantiene abiertos los canales de diálogo con los gobernadores de la región para monitorear el flujo diario de camiones de carga y la disponibilidad de recursos sanitarios en las localidades fronterizas. El Gobierno confía en que las instituciones bolivianas logren encauzar el conflicto por la vía institucional evitando un desborde humanitario que altere la estabilidad de todo el Cono Sur.





