El oficialismo en el Senado afronta horas decisivas para intentar coronar su agenda legislativa antes del receso invernal. Tras el acuerdo político alcanzado el pasado miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria entre La Libertad Avanza y las bancadas dialoguistas, la presidencia de la Cámara alta convocó a sesionar este jueves. El temario prioritario del Ejecutivo concentra dos ejes de alta sensibilidad: el postergado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la aprobación de un paquete de 36 pliegos para cubrir vacantes en la estructura del Poder Judicial de la Nación.
Pese al consenso inicial para abrir el recinto, fuentes legislativas admitieron que persisten fuertes dudas en torno a la obtención del quórum de 37 senadores necesario para iniciar el debate. El principal obstáculo radica en que el receso escolar e invernal comenzará el próximo lunes en varias provincias del interior del país —una semana antes de su inicio en el AMBA—, lo que ha provocado que algunos legisladores de las provincias ya hayan iniciado su período de licencia vacacional.
La iniciativa de propiedad privada, redactada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, llega al debate tras sufrir sustanciales modificaciones durante el plenario de comisiones. Para facilitar el dictamen de mayoría número 13, el oficialismo debió extirpar el polémico capítulo de reformas a la ley de barrios populares y reformular técnicamente los apartados referidos a la expropiación, el manejo del fuego, los desalojos y la extranjerización de tierras.
Ejes centrales del debate parlamentario
1. Extranjerización y límites a la compra de tierras
El texto bajo debate desmantela el andamiaje de restricciones nacionales vigentes, delegando de forma directa la soberanía de las transacciones en los distritos federales:
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Autonomía provincial: Se eliminan los topes generales para que personas físicas o jurídicas extranjeras adquieran tierras rurales, disponiéndose que cada provincia tendrá la atribución exclusiva de autorizar o no dichas operaciones de venta.
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Freno a Estados extranjeros: Se prohíbe la compra de parcelas a manos de Estados extranjeros o empresas estatales de otras naciones, salvo expresa autorización concurrente de la provincia implicada y del Poder Ejecutivo Nacional.
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Silencio administrativo y zonas de frontera: En zonas fronterizas, se mantendrá el requisito de triple aval (Provincia, Nación y Congreso). Sin embargo, en áreas comunes, si no existen reparos estatales en un plazo de 180 días, operará el principio de "silencio administrativo", otorgando la titularidad de pleno derecho al comprador.
2. Implementación del desalojo exprés
El proyecto introduce cambios procesales rápidos en caso de usurpaciones o vencimientos de contratos de locación:
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Intimación en 72 horas: Ante casos de intrusión o tenencia precaria, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble en un plazo de 72 horas bajo caución juratoria, siempre que el dueño demuestre su titularidad con prueba documental verosímil.
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Mora de inquilinos: El propietario deberá notificar por carta documento o correo electrónico un plazo de 10 días corridos para regularizar deudas. De persistir el incumplimiento, se habilitará un juicio de desalojo con un plazo de ejecución de 10 días hábiles.
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Garantía para menores: Si en la propiedad habitan menores o personas desamparadas, se dará intervención obligatoria a organismos de protección locales por un plazo no mayor a 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria, sin que esto detenga el proceso judicial.
La pulseada por los pliegos y el control de vacantes judiciales
El otro gran frente de interés para la Casa Rosada radica en la convalidación de un paquete de 36 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales. De concretarse el aval parlamentario, el Gobierno de Javier Milei habrá logrado cubrir 110 vacantes sobre un universo estimado de 300 cargos libres en la Justicia Federal.
El caso más apremiante es el del camarista Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien alcanzará el límite constitucional de 75 años el próximo 27 de julio y requiere el acuerdo del Senado para prorrogar su mandato por un lustro. Ante la incertidumbre de la sesión, Pesino ya interpuso un recurso de amparo preventivo en los tribunales para resguardar su continuidad.
Asimismo, el oficialismo busca ratificar el pliego de Juan Rodríguez Ponte —exsecretario del juez Ariel Lijo— para comandar el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, una sede judicial clave ya que tiene bajo su órbita la sensible causa de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra al exintendente de ese distrito Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
