A casi dos semanas de perderse el rastro del joven de 21 años, las autoridades judiciales crearon una estructura de investigación de urgencia para dotar de celeridad y transparencia al proceso. Aunque se mantienen abiertas múltiples hipótesis, la Justicia perita teléfonos, vestimenta y armas reglamentarias de efectivos policiales, al tiempo que evalúa lanzar una recompensa y activar el régimen de protección de testigos.
La creación del Equipo Especial
La incertidumbre en torno al paradero de Axel González, el joven de 21 años que lleva casi catorce días desaparecido, motivó una enérgica reconfiguración de la estrategia judicial en la provincia. La Procuración General del Chaco resolvió conformar un Equipo Fiscal Especial encargado de centralizar y profundizar los rastrillajes y las líneas de investigación penal en curso.
La comitiva interdisciplinaria quedó formalmente encabezada por la fiscal de instrucción Julieta Arolfo, quien contará con el apoyo técnico del fiscal especial de Derechos Humanos, Luciano Santos, y la supervisión directa de la fiscal de Cámara, Noelia Encina. Al fundamentar la gravedad institucional del escenario en una conferencia de prensa, el procurador general de la provincia, Jorge Cantero, junto a su adjunto Miguel Fonteina, manifestó el compromiso del Ministerio Público:
"Una desaparición de un joven de 21 años en democracia es algo que nos hiere, que nos lastima y lógicamente no puede pasar desapercibido. Esto se tiene que resolver, se tiene que aclarar".
Foco en la pista policial y peritajes técnicos
La permanencia del fiscal de Derechos Humanos dentro de la mesa de conducción del caso no es casual. Las sospechas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en las horas previas a la desaparición se mantienen como uno de los ejes principales de las pesquisas. El fiscal Luciano Santos confirmó que, lejos de diluirse, las líneas de investigación que involucran a uniformados siguen activas y sumaron medidas de prueba determinantes.
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Evidencia bajo análisis: Se procedió al secuestro formal de las armas reglamentarias, prendas de vestir y teléfonos celulares de los efectivos bajo sospecha para ser sometidos a peritajes de laboratorio y análisis de comunicaciones.
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Trazabilidad de patrulleros: La fiscalía desmintió versiones que indicaban que los móviles policiales operaban con los sistemas de posicionamiento global desactivados, ratificando que cuentan con los registros de geolocalización por GPS de los vehículos de la Comisaría Segunda de Fontana y de la dependencia de Puerto Tirol.
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Transparencia externa: Para garantizar la imparcialidad del proceso, la Justicia solicitó el desembarco y colaboración activa de fuerzas federales de seguridad en las tareas de campo y análisis forense.
Nuevas directrices y estímulos para la causa
Por su parte, la fiscal de Cámara Noelia Encina precisó que su rol consistirá en refrescar la estrategia criminalística aportando nuevas hipótesis y medios de prueba complementarios, aunque se excusó de dar detalles específicos para no alertar a los posibles sospechosos, bajo la premisa técnica de que "lo que no debemos hacer nunca es contar prueba".
En el cierre del anuncio institucional, el procurador adjunto Miguel Fonteina respaldó el trabajo de rastreo ejecutado hasta la fecha y aseguró que la causa se encuentra bien encaminada. Asimismo, con el objetivo de romper el pacto de silencio o destrabar datos clave de la ciudadanía, el funcionario anticipó que el Poder Ejecutivo evalúa la implementación inmediata de una recompensa económica para quien aporte datos fidedignos, recordando que toda persona que quiebre el silencio contará con el amparo y las garantías plenas del régimen de testigos protegidos.





