El juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que anteriormente lideraba Sebastián Casanello, dispuso la realización de un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio que reactivaron la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida judicial apunta a esclarecer la veracidad de los registros donde se menciona de forma explícita el cobro de supuestos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo. Ante el escenario de sospechas, el magistrado designó a los gabinetes científicos de la Gendarmería Nacional para llevar a cabo el estudio informático y acústico definitivo que determine la autenticidad, integridad y procedencia técnica de dicha prueba digital.
El principal implicado en el expediente, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, ha sostenido de manera tajante que las piezas de audio difundidas originalmente a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Para apuntalar esta posición, su representación legal, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el claro objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad absoluta de las actuaciones. Con este norte, la defensa nombró como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok, quien auditará minuciosamente el proceso.
El consultor técnico de la defensa presentó un pliego con diez puntos específicos de pericia orientados a examinar la cadena de custodia del material y verificar la existencia de eventuales saltos temporales o ediciones digitales. La hipótesis de los abogados de Spagnuolo señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados de forma aleatoria en ambientes públicos y combinados de forma posterior con fragmentos de llamadas telefónicas. Para sostener esta tesitura, aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación de las voces mediante herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial.
Frente a la contraofensiva de la defensa, el fiscal federal Franco Picardi designó a cinco especialistas pertenecientes a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar minuciosamente el desarrollo de la medida pericial. Asimismo, las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos de parte. Desde los tribunales federales aclararon que, a pesar de la centralidad mediática que adquirieron las grabaciones de streaming, la causa penal no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.
Finalmente, la investigación avanza sobre una presunta estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas de forma irregular. Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un millonario embargo de 202.000 millones de pesos por sobreprecios detectados en medicamentos e insumos ortopédicos. Para este miércoles, la fiscalía citó a declaración indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de ser el encargado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados hacia el mercado de las criptomonedas.





