Avión privado, contratos y un country: los frentes judiciales que acorralan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito sumó testimonios clave que contradicen al funcionario sobre el pago de un vuelo a Punta del Este, mientras la Justicia cruza llamadas y perita las costosas refacciones en su vivienda de Exaltación de la Cruz.
24 de mayo 2026, 17:16hs

El escenario procesal de uno de los hombres de máxima confianza del presidente Javier Milei ingresó en una fase de extrema vulnerabilidad institucional en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Ariel Lijo, en sintonía con las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, evalúa convocar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del inicio de la feria judicial de invierno. En los pasillos de Retiro se interpreta que esta determinación judicial marcaría una masa crítica de pruebas y sospechas fundadas sobre la comisión de delitos de corrupción, vinculados tanto a la inconsistencia de su patrimonio como a presuntos favores empresarios de firmas contratistas del Estado nacional.

La pesquisa penal tiene como uno de sus ejes centrales el entramado de relaciones comerciales y personales entre el funcionario y el productor de televisión Marcelo Grandio, dueño de la productora Imhouse, la cual se ha visto beneficiada con diversos contratos de contenidos y ciclos de streaming en las pantallas de la TV Pública. El foco de la sospecha se cristalizó en torno a un viaje de placer realizado por el jefe de ministros y su grupo familiar hacia Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval. Aunque Adorni ratificó públicamente haber costeado el traslado aéreo con fondos propios, la declaración del broker aeronáutico Agustín Issin Hansen desmoronó la coartada oficial al confirmar ante la Justicia: “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”. La facturación del tramo de ida fue emitida de forma directa a la firma proveedora estatal.

Para desentrañar si existió un mecanismo de retribución de favores o dádivas, el magistrado federal ordenó un exhaustivo peritaje tecnológico que incluye el cruce de llamados telefónicos y el rastreo por geolocalización de los dispositivos móviles de Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio de la productora. Los investigadores buscan coincidencias cronológicas entre las comunicaciones privadas de los imputados y la rúbrica de convenios estatales para programas de la grilla pública como “La caja de Pandora”, “Enredados” o “Gritalo Mundial”. La hipótesis judicial apunta a determinar si el financiamiento del avión privado funcionó como un retorno encubierto por la adjudicación de pauta y espacios en los medios administrados por el Estado.

El segundo frente de tormenta para el jefe de Gabinete se concentra en su evolución patrimonial, específicamente en la adquisición y lujosa puesta en valor de una finca en el country Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Los peritos contables de la Corte Suprema detectaron que la propiedad fue escriturada a fines del año pasado por un valor declarado de 120.000 dólares, pero inmediatamente recibió reformas integrales y amoblamientos de categoría por una suma adicional de 245.000 dólares. Gran parte de estas obras edilicias se habrían ejecutado en el circuito informal de dinero en efectivo y sin emisión de facturas, un volumen de gastos líquidos que los fiscales consideran incompatible con el salario público y las hipotecas previas del funcionario.

Finalmente, el expediente sumó una derivación penal por presunto peculado de servicios a raíz de la supuesta asignación de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar los accesos al barrio cerrado donde reside el matrimonio. La Justicia intenta certificar si los gendarmes fueron desviados de sus patrullajes oficiales en zonas de frontera para cumplir tareas de seguridad privada ajenas a las funciones reglamentarias de la fuerza. Las próximas semanas serán determinantes en Comodoro Py, donde el avance de las pericias caligráficas y bancarias terminará de definir el destino procesal de la principal espada política de la Casa Rosada.

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