El Gobierno nacional ratificó que la política de ajuste sobre la estructura estatal continuará con fuerza durante la segunda mitad del año. Tal como había anticipado el presidente Javier Milei, la administración libertaria mantiene bajo estricto análisis los organigramas de cada cartera para determinar dónde aplicar nuevos recortes. El ejecutor directo de esta política de Estado es Federico Sturzenegger, titular del Ministerio de Desregulación y Transformación. En las últimas semanas, delegaciones de su área comenzaron a auditar de manera presencial diferentes ministerios con el objetivo explícito de relevar la cantidad de personal, las funciones que cumplen y si es posible ejecutar las mismas tareas con dotaciones sensiblemente menores.
Fuentes ministeriales confirmaron que las recorridas del equipo de Sturzenegger por las oficinas públicas dejan una directiva inequívoca: la necesidad de profundizar la reducción de la planta de trabajadores estatales de cara al próximo semestre. Dentro de las líneas jerárquicas del oficialismo existe optimismo respecto al cumplimiento de las metas fiscales de ajuste fijadas por la Casa Rosada. No obstante, este escenario genera divisiones internas en la propia gestión libertaria, donde algunos funcionarios de segundas líneas deslizan con preocupación que una nueva oleada de desvinculaciones masivas podría resentir la operatividad y generar severas dificultades en el funcionamiento diario del Estado.
Ante la inminencia de una nueva etapa de despidos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anticipó un frente de batalla sindical y una fuerte visibilización de los conflictos para la última parte del año. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, lanzó una dura advertencia a las autoridades nacionales al asegurar que los trabajadores no se quedarán en silencio ni avanzarán pasivamente hacia lo que calificó como un "matadero laboral". "Nosotros vamos a confrontar", avisó el dirigente rionegrino, quien además condicionó la paz social a una convocatoria paritaria urgente, amenazando con "llenar de conflictividad" las dependencias estatales si no se reabren las discusiones salariales.
Por su parte, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), conducida a nivel nacional por Andrés Rodríguez, coincidió en un diagnóstico marcadamente negativo sobre el rumbo de la administración nacional, aunque mantuvieron una postura más cauta respecto a la activación inmediata de medidas de fuerza. Desde el sindicato mayoritario expresaron una profunda preocupación por el fuerte sesgo de ajuste que recae sobre el empleo público. En esa línea, denunciaron que el Gobierno ya ha desvinculado a miles de agentes con más de diez años de antigüedad y alta formación, quienes incluso habían alcanzado un 95% de aprobación en los exámenes de idoneidad exigidos por la propia gestión actual.
Finalmente, las representaciones gremiales focalizaron sus críticas en el progresivo deterioro del poder adquisitivo del sector, alertando que las remuneraciones actuales continúan perdiendo capacidad de compra frente a la inflación. Desde los sectores sindicales enfatizaron que el Estado debe consolidarse como una entidad orientada a la justicia social y al servicio de la comunidad, un rol que consideran severamente descuidado por las políticas oficiales vigentes. Plantearon que, si bien es válido discutir mecanismos para eficientizar la administración pública, resulta inadmisible avanzar hacia esquemas que dejen desprotegidos y en situación de total vulnerabilidad a los sectores más postergados de la sociedad.





