Ante la dificultad de sostener el ajuste exclusivamente mediante el recorte de gastos, el Gobierno aceptó implementar una serie de "medidas de contingencia" en caso de que el ancla fiscal corra peligro por eventuales desvíos o el aumento en el pago de intereses.
La medida más resonante dentro de este acuerdo es la posibilidad de posponer partes de la reforma laboral, específicamente la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Aunque la normativa vigente fijaba su inicio para el 1° de junio, el Ejecutivo tiene la facultad de retrasarlo hasta diciembre, lo que permitiría un ahorro fiscal estimado en el 0,15% del Producto Interno Bruto.
Además de la reforma laboral, el plan de respaldo pactado con el organismo incluye profundizar el recorte en los subsidios a la energía y mejorar la orientación de las transferencias sociales. Estas herramientas de auxilio también contemplan el fortalecimiento de impuestos especiales y una racionalización más estricta del gasto discrecional, tanto corriente como de capital, para resguardar las metas financieras.
Caputo reconoció recientemente que el ajuste del gasto público ha alcanzado un límite operativo, situándose actualmente en torno a los 15 puntos del PIB, niveles que no se veían desde la década de los 90. Por este motivo, el funcionario advirtió que el desafío actual consiste en recaudar más, ya que continuar generando superávit mediante el ajuste puro resulta cada vez más difícil en la coyuntura actual.
Finalmente, uno de los puntos de mayor tensión sigue siendo el esquema de subsidios al transporte en el AMBA, donde se busca avanzar hacia un sistema de asistencia directa a los usuarios en lugar de a las empresas. Esta transición, que el Gobierno espera concretar para julio, ocurre en un marco de fuertes reclamos por parte de las operadoras de colectivos debido al incremento de costos en combustibles y logística.





