El Gobierno nacional inició formalmente el proceso para renegociar a corto plazo unos 800 convenios colectivos de trabajo, tras la sanción y posterior reglamentación de la reforma laboral. La estrategia es coordinada por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, que comenzó con el envío de notificaciones de revisión tanto a cámaras empresariales como a organizaciones sindicales. El despliegue oficial se fundamenta en la eliminación del principio de ultraactividad, la figura jurídica que garantizaba la vigencia automática de los convenios preexistentes en caso de que las partes no arribaran a un nuevo entendimiento.
La primera etapa de intimaciones abarca a los sectores más estratégicos de la matriz económica y productiva de la Argentina, alcanzando a los gremios con mayor representatividad y capacidad de movilización sectorial. En la nómina inicial bajo fiscalización oficial se destacan actividades de alto perfil como Aceiteros, Bancarios, Camioneros, la Construcción (UOCRA), Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico, incluyendo a pilotos y personal de tierra. Asimismo, la medida alcanza al ámbito de la logística y la energía, englobando a Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios y la industria del Neumático.
El listado de revisión de marcos regulatorios se extiende además hacia ramas de los servicios y la producción industrial, tales como la Industria Lechera, Textiles, Químicos, Plásticos, Seguridad Privada, Entidades Deportivas y Futbolistas Agremiados, junto con los trabajadores de Prensa y de la televisión abierta y por cable. Si bien desde el oficialismo optan por no precisar plazos perentorios para la culminación de los debates, en los despachos gubernamentales admiten la celeridad para adecuar las relaciones laborales al nuevo ecosistema legal y promover la actualización de las condiciones de contratación.
La iniciativa generó un rechazo mayoritario en el seno de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde las diferentes terminales sindicales coinciden en diagnosticar que esta convocatoria masiva opera como una vía indirecta para aplicar una flexibilización laboral sobre conquistas históricas. Desde la central obrera denuncian intenciones de recortar derechos vinculados a la extensión de las jornadas de trabajo, los regímenes de categorías profesionales y las cláusulas operativas específicas de cada rubro.
A pesar de la postura unificada de la cúpula cegetista, algunos sectores optaron por diferenciarse y aceptar la convocatoria. El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), liderado por Carlos Acuña, confirmó que asistirá a la rediscusión planteada por Trabajo, aclarando que lo harán con una agenda y posición técnica propias del sector. En esa línea, el dirigente mercantil y aliado de Luis Barrionuevo fundamentó la decisión al señalar que la instancia puede resultar propicia para actualizar pautas regulatorias que las cámaras empresarias postergaban de manera sistemática bajo el antiguo marco normativo.





