Tras semanas de máxima tensión política, negociaciones a contrarreloj y la amenaza latente de un nuevo paro total de actividades, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sellaron un entendimiento para actualizar los salarios del sector y asegurar el oxígeno financiero de las casas de altos estudios. Pese al alivio inmediato que trae el pacto a las aulas, los rectores advirtieron que la batalla de fondo por los recursos congelados se mantendrá firme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia.
Los detalles del acuerdo: aumentos, aguinaldo y fondos para hospitales
La propuesta final que destrabó el conflicto contempla una recomposición salarial escalonada del 24,33% para el personal docente y no docente. El esquema de actualización se estructurará de la siguiente manera:
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Primer tramo (Julio): Se aplicará un ajuste del 21,33% que se calculará sobre los básicos del mes de mayo. Un dato clave para el bolsillo de los trabajadores es que este incremento impactará de forma directa en el cálculo del próximo medio aguinaldo.
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Segundo tramo (Octubre): Se liquidará un aumento complementario del 3%.
Según el desglose técnico del acuerdo, el porcentaje pactado busca saldar deudas de arrastre de ejercicios anteriores: equivale a 7 puntos porcentuales adeudados de 2024, 12,33 puntos de 2025 y el remanente restante está destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.
Además de la pauta salarial, la mesa de negociación destrabó partidas complementarias muy sensibles para la subsistencia del sistema. Por un lado, se garantizó un incremento del 50% en las partidas del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Por el otro, y respondiendo a una exigencia explícita de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Poder Ejecutivo Nacional se comprometió a inyectar una partida especial de $50 mil millones destinada exclusivamente al financiamiento de los hospitales universitarios, centros de salud que arrastraban una severa crisis operativa por la inflación.
Lecturas cruzadas: el festejo oficialista y la cautela sindical
Para el ala política del oficialismo, el desenlace de este miércoles representó un triunfo político de gestión. En los despachos de la Casa Rosada interpretan que lograron "torcerle el brazo" a lo que calificaban como una postura intransigente de los rectores, demostrando que era posible alcanzar un punto de equilibrio sin comprometer las metas fiscales ni desequilibrar las cuentas públicas. Desde las filas libertarias confiaban en que la asfixia presupuestaria obligaría a las universidades a firmar el pacto bajo las condiciones topes fijadas por el Ministerio de Capital Humano.
Desde la vereda de los trabajadores, la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) valoró la convocatoria pero remarcó que el escenario no es de una victoria definitiva, sino de un piso sobre el cual seguir reclamando.
"Tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente. Desde FEDUN remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido".
La vía judicial: la Ley de Financiamiento sigue en manos de la Corte
El pacto económico firmado en los papeles no implica el fin de las hostilidades institucionales. El Consejo de Rectores dejó en claro que la firma del acta paritaria no anula las demandas judiciales en curso contra la administración central.
Los representantes de las universidades públicas ratificaron que mantendrán la vía judicial para exigir que la Nación cumpla con los postulados de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar que dicha normativa, que garantizaba por ley el blindaje presupuestario del sector frente a los avances de la inflación, fue vetada por el presidente Javier Milei mediante decreto y su constitucionalidad se encuentra bajo el análisis exclusivo de la Corte Suprema de Justicia, la cual aún no ha emitido un fallo definitivo.





