La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó demorar el tratamiento hasta la sesión del 6 de agosto al no contar con los votos necesarios para aprobar la eliminación de restricciones a extranjeros. Esta iniciativa busca quitar los topes actuales para que empresarios extranjeros adquieran tierras rurales en el país.
El rechazo de la Unión Cívica Radical (UCR) fue determinante para que el tema cayera del temario de este jueves. A través de un comunicado, el partido centenario argumentó que la reforma compromete la soberanía nacional y el control sobre recursos estratégicos y zonas de frontera. Actualmente, la legislación establece un límite del 15% de tierras en manos extranjeras y prohíbe la compra de predios que contengan lagos o ríos.
La jornada también estuvo marcada por fuertes tensiones internas dentro del oficialismo y diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Según trascendió, el ministro no aceptó la última versión del dictamen que delegaba en las provincias la facultad de dictar sus propias leyes de tierras. Además, la sesión se vio empañada por un duro cruce de mensajes entre Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó la conveniencia de sesionar en medio de los festejos por el Mundial.
El proyecto en disputa propone eliminar los límites nacionales para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, un punto que genera resistencia incluso en sectores aliados. Sectores de la oposición defienden el esquema vigente que limita a 1.000 hectáreas la propiedad para titulares extranjeros en la zona núcleo. Según datos oficiales, actualmente hay unos 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, lo que representa el 5% del territorio nacional.
Con esta nueva postergación, el Gobierno tendrá plazo hasta agosto para intentar destrabar acuerdos con los bloques dialoguistas. La negociación es compleja, ya que la iniciativa no solo afecta la propiedad rural, sino que contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Mientras tanto, senadores de provincias como Chubut, Santa Cruz y Córdoba mantienen su rechazo a una reforma que consideran riesgosa para los recursos naturales.
