Luego del fallo de la Cámara Federal de Casación que confirmó la participación de Irán en el atentado a la AMIA de 1994 , el Gobierno decidió elevar el alerta antiterrorista y reforzar la seguridad en puntos sensibles del país. Esto incluye aeropuertos, instituciones religiosas y culturales de la colectividad judía, y embajadas como las de Israel, Estados Unidos y otras que lo requieran.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su secretario de Estado en el área, Vicente Ventura Barreiro, se reunieron para decidir este refuerzo luego del fallo de la Cámara. A pesar de que el Presidente celebró la decisión judicial, el gobierno aún no ha tomado una decisión sobre posibles medidas diplomáticas, como piden algunos sectores, que podrían implicar la ruptura de vínculos bilaterales.
Uno de los desafíos del Gobierno es mejorar la inteligencia previa, dañada por el uso político de la AFI en años anteriores. Según informa Clarín, el Mossad trasladó su sede de Chile a Argentina en los últimos meses, y gran parte del trabajo respecto a Irán está relacionado con los estrechos vínculos entre Bolivia y la República Islámica.
El fallo de la Justicia se enmarca en la tensión entre el mundo occidental e Irán, evidenciada, por ejemplo, en el ataque de Israel en Damasco, que resultó en la destrucción del consulado iraní y la muerte de varios funcionarios persas. Esto ha generado una alerta internacional ante posibles ataques en el mundo contra blancos estadounidenses y hebreos, que podrían ser perpetrados por Irán o justificados en nombre de esta "causa".
