El Gobierno nacional mantiene negociaciones con la Unión Cívica Radical (UCR) sobre la revisión de la cuota solidaria de los sindicatos con diputados y senadores de ese partido. Sin embargo, el Ejecutivo busca evitar conflictos con la Confederación General del Trabajo (CGT) y teme una nueva caída de la Ley Ómnibus.
Quedó claro tras el encuentro que no se incluirán puntos de tensión de la reforma laboral del DNU 70/2023 en el proyecto que retomará tratamiento legislativo la próxima semana. La UCR buscará sumar su propuesta en el plenario de comisiones, pero no se asegura el apoyo completo del oficialismo en todos los artículos.
En una reunión entre el jefe de gabinete, Nicolás Posse, el asesor presidencial Santiago Caputo, y los radicales Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo, se discutió la optatividad de la cuota solidaria de los sindicatos, entre otros temas. Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, no participó debido a una entrevista televisiva.
Ambos sectores coinciden en la inclusión del fondo de cese laboral por convenio y actividad, al estilo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), y en establecer un período de prueba de seis meses. También se propone la simplificación del registro de trabajo y el establecimiento de un tope para las multas por trabajo mal registrado.
Además, se plantea establecer a la educación como servicio esencial estratégico y fijar el 75% de la prestación regular de lo sanitario y hospitalario, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos.
Otro punto de conflicto en la propuesta de la UCR es la prohibición de bloqueos a empresas y afectación de la libertad de trabajo de los empleados que no adhieran a una medida de fuerza. También se impulsa que los convenios colectivos de los sindicatos solo mantengan subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas.
Estas negociaciones se dan en un contexto de tensión por el anuncio de un paro general por parte de la CGT para el 9 de mayo. El Gobierno intentó desarticularlo, pero sin éxito. En Balcarce 50 sostienen que continuarán intentando frenarlo, pero reconocen la lógica de la postura sindical en el actual escenario político.
La CGT confirmó el paro general durante una reunión de la Comisión Directiva en la sede de Azopardo, un día después de que sus titulares estuvieran en la Casa Rosada para presionar sobre la reforma laboral y la homologación de paritarias. En respuesta, Posse, Francos y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunieron con los líderes sindicales para intentar evitar el paro.
