Este 5 de septiembre entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina, normativa que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años e introduce un nuevo esquema de penas y registro de antecedentes para los menores que cometen delitos. Tras la implementación de la ley, madres de víctimas de homicidios perpetrados por adolescentes expresaron su respaldo a la reforma y remarcaron la importancia de que la legislación priorice los derechos y la protección de las víctimas y sus familias.
Laura Fernández, madre de Lara Fernández —asesinada a los 17 años durante un robo en 2022—, calificó la promulgación como un avance necesario frente a la desprotección institucional. Fernández, cuyo caso tuvo a un involucrado de 15 años no punible según el régimen anterior, sostuvo que la reforma debió aplicarse antes para evitar la impunidad en hechos graves y planteó que, a futuro, la edad de imputabilidad debería debatirse incluso a partir de los 11 o 12 años ante el adelantamiento en el inicio de la actividad delictiva.
En el mismo sentido, María Eugenia Rodríguez, madre de Umma Aguilera —la niña de 9 años asesinada en enero de 2024—, celebró el reemplazo de una normativa antigua que no respondía a la realidad social. Rodríguez enfatizó que la búsqueda de justicia no nace de la venganza sino del reconocimiento de la responsabilidad penal en delitos graves, señalando que la defensa de las garantías de los adolescentes no debe traducirse en la invisibilización de las víctimas ni en la falta de contención para los familiares que enfrentan pérdidas irreversibles.
Por su parte, Romina Monzón, madre de Jeremías Monzón —adolescente asesinado en Santa Fe en 2025—, destacó que el aspecto clave del nuevo texto legal es el cambio de eje hacia las víctimas. Monzón recordó las trabas burocráticas y el amparo estatal que benefició a los implicados no punibles en el crimen de su hijo bajo el esquema derogado, y cuestionó duramente a los legisladores que se opusieron a la sanción en el Congreso, al tiempo que instó a implementar mecanismos de seguimiento integral y preventivo en el ámbito escolar para detectar conductas violentas a temprana edad.
