Lujos sin papeles: el peritaje de 600 páginas que acorrala a Insaurralde y Cirio

El informe, que ya fue presentado ante el juez federal Luis Armella, constituye una prueba clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero iniciada tras el escándalo del "yategate".
18 de julio 2026, 16:00hs

Un demoledor peritaje oficial de 620 páginas, elaborado por expertos de la Corte Suprema y la Procuración General, detectó graves inconsistencias entre los ingresos declarados y los gastos del exintendente Martín Insaurralde y su exesposa, Jésica Cirio.

La investigación técnica puso el foco en un estilo de vida marcado por viajes de lujo, propiedades, vehículos y una ostentosa boda que no coinciden con los ingresos oficiales de la pareja. El informe destaca que, durante su tiempo como funcionario público, Insaurralde registró un total de 76 vuelos internacionales, evidenciando erogaciones que superan ampliamente lo que había declarado ante el fisco.

Uno de los puntos más críticos señalados por los peritos contadores es que una gran cantidad de estos gastos carecen de documentación respaldatoria adecuada. Esta falta de comprobantes sugiere que el monto real de las erogaciones podría ser incluso superior al analizado, planteando serias dudas sobre la existencia de fuentes de financiamiento no identificadas para sostener un nivel de vida tan elevado.

En cuanto a Jésica Cirio, la pericia reveló que en diversos periodos, como 2014, 2017 y 2023, sus gastos superaron considerablemente sus ingresos. Además, se analizó el viaje de Insaurralde a Marbella con Sofía Clerici, el cual habría sido financiado mediante una supuesta donación de Cirio, una maniobra que también está bajo la lupa de la justicia por posibles intentos de ocultar el origen de los fondos.

Con estas pruebas ya incorporadas al expediente, el juez Armella debe evaluar si hace lugar al pedido de la fiscalía para citar a los imputados a declaración indagatoria. Si bien el informe pericial no establece por sí mismo la existencia de un delito, las diferencias detectadas entre las declaraciones fiscales y los movimientos bancarios reales plantean un escenario judicial muy complejo para el exfuncionario.

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