La Cámara de Senadores se encamina a romper su inactividad a mediados de julio, aunque no en los plazos que pretendía el ala más dura del oficialismo en el Congreso. La Libertad Avanza (LLA) inició una ronda de negociaciones formales con los bloques de la oposición dialoguista para consensuar un temario y reactivar el recinto. La intención de la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, era forzar una sesión para este mismo miércoles; sin embargo, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, optó por fijar la convocatoria a la reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles a las 12:00. Este movimiento posterga el debate formal en el recinto hacia los días 15 o 16 de julio.
La pulseada por el calendario parlamentario expuso un nuevo capítulo de las tensiones políticas entre Bullrich y Villarruel. Mientras la senadora porteña presionaba por abrir las puertas del recinto de forma inmediata para exhibir una Cámara Alta activa y alineada con la agenda del Poder Ejecutivo, la presidencia del cuerpo prefirió priorizar los consensos previos con la oposición para garantizar el quorum y evitar sorpresas en las votaciones.
Modificaciones clave al proyecto de Propiedad Privada
El eje central de la futura sesión será el proyecto de ley de propiedad privada, una iniciativa diseñada originalmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. No obstante, el texto original del Gobierno debió ser severamente modificado en las comisiones para destrabar su avance, alcanzando ya su versión número 13 del dictamen:
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Tierras Rurales y Extranjerización: El proyecto original buscaba eliminar de forma total las restricciones para que empresarios extranjeros adquirieran campos en el país. En el nuevo dictamen se reintrodujo la prohibición estricta para que empresas privadas de capital extranjero compren tierras rurales, y se mantuvo el requisito de obtener el aval conjunto de las provincias, el Gobierno Federal y el Congreso para la adquisición de parcelas en zonas de seguridad fronteriza.
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Manejo del Fuego: Se eliminaron las reformas que pretendían flexibilizar la legislación actual. Se ratificó la prohibición de cambiar el uso del suelo por un plazo de 60 años en el caso de bosques nativos que hayan sufrido incendios (conforme a la ley sancionada en 2020), aunque se permitirá modificar el destino productivo si se trata de tierras rurales genéricas.
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Desalojos: El texto final excluyó el polémico capítulo vinculado a los cambios en el régimen de barrios populares, pero fijó un mecanismo de "desalojo exprés" que otorga un plazo perentorio de solo tres días para desocupar propiedades o viviendas tomadas ilegalmente. En caso de inquilinos con contratos vigentes que registren demoras en los pagos, el plazo de gracia se estableció en 10 días hábiles.
Pliegos judiciales y la "Ley Hojarasca"
En paralelo al debate de la propiedad privada, el oficialismo buscará dar luz verde a una lista de aproximadamente treinta pliegos designados para los tribunales federales. Entre los expedientes más urgentes figura el pedido de prórroga por cinco años para el mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el acuerdo del Senado antes del próximo 27 de julio, fecha en la que cumplirá el límite constitucional de 75 años.
Asimismo, se destaca la postulación de Juan Rodríguez Ponte (exsecretario del juez Ariel Lijo) para ocupar el juzgado federal de Lomas de Zamora, una sede judicial clave dado que concentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de ese distrito, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.
Por último, el bloque gubernamental intentará convertir en ley el proyecto denominado "Ley Hojarasca", orientado a la derogación de unas 70 normativas que el Poder Ejecutivo considera obsoletas, anacrónicas o superadas por el desarrollo tecnológico moderno. Entre las regulaciones que se busca suprimir de los registros legales se encuentran la Ley 20.120 —dictada durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, la cual obliga a dar aviso policial previo para realizar reuniones públicas en espacios cerrados— y la Ley 20.983 de 1975, que forzaba a las emisoras de radio y televisión a otorgar un piso de 60 minutos diarios de su programación a contenidos de interés turístico nacional.
