Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca transferir al sector privado la gestión, mantenimiento y modernización de la infraestructura ferroviaria que atraviesa 16 provincias del país y conecta con cinco pasos internacionales.
El pliego incluye la denominada "cláusula anti-China", un parámetro que restringe la participación de empresas que estén controladas, de forma directa o indirecta, por Estados extranjeros. Esta restricción ya fue implementada anteriormente en las licitaciones de la Hidrovía y del proyecto eléctrico AMBA I, con el objetivo de limitar la injerencia de otros gobiernos en sectores estratégicos de la Argentina.
El proceso licitatorio abarca un total de 7.594 kilómetros operativos pertenecientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El plan de privatización se divide en tres ejes fundamentales: la concesión de las vías y terrenos colindantes, la venta del material rodante a través de una subasta pública y la explotación de los talleres ferroviarios.
El nuevo modelo funcionará bajo un régimen de "acceso abierto" sin subsidios estatales, donde el concesionario se financiará a través del cobro de peajes a operadores y la explotación comercial de inmuebles adyacentes, como silos y parques logísticos. Además, las empresas que realicen inversiones significativas en infraestructura podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Los interesados tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se realizará la apertura de sobres a través de la plataforma digital CONTRAT.AR. Con este giro, las autoridades buscan revertir la crisis de un sistema que, a pesar del auge de la producción agropecuaria, actualmente transporta menos carga que en la década de 1970.
