La Justicia chaqueña exigió medidas urgentes para recomponer sueldos docentes pero sin cláusula gatillo

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ) confirmó parcialmente una sentencia previa y ordenó al Poder Ejecutivo provincial que, de forma urgente y en un plazo razonable, actualice los salarios docentes para garantizar su integridad.
18 de marzo 2026, 21:38hs

Sin embargo, el fallo dejó sin efecto la aplicación de la cláusula gatillo como método automático de actualización, haciendo lugar al recurso presentado por el Estado provincial contra la modalidad que había dispuesto la Cámara Laboral.

Los magistrados argumentaron que la determinación de los métodos de recomposición salarial es un "resorte exclusivo del Poder Legislativo y Ejecutivo", conforme a las normas constitucionales y legales vigentes. En este sentido, consideraron que la Cámara de Apelaciones se excedió en sus atribuciones al establecer un sistema de actualización por vía judicial, subrogándose en facultades de otros poderes y afectando la previsibilidad presupuestaria.

A pesar de rechazar el mecanismo automático, el STJ reconoció que suprimir medidas destinadas a preservar el valor de los haberes constituye una "medida regresiva" que afecta el derecho a una retribución justa. El tribunal subrayó que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas positivas para asegurar que el salario de los educadores, cuya función es esencial para la sociedad, sea compatible con la dignidad humana.

La resolución judicial surgió a raíz de una acción de amparo promovida por la federación sindical SITECH ante la falta de pago de actualizaciones frente a la inflación en el año 2025. El fallo contó con el voto mayoritario de los jueces Víctor del Río, Emilia Valle e Iride Grillo, mientras que los magistrados Enrique Varela y Alberto Modi expresaron una disidencia parcial al proponer una respuesta jurídica distinta pese a coincidir con los fundamentos.

Finalmente, el máximo tribunal exigió que los poderes públicos actúen coordinadamente para reparar la lesión detectada en las remuneraciones del sector. Para ello, el Ejecutivo deberá adoptar las medidas normativas y presupuestarias necesarias que permitan alcanzar un reconocimiento legislativo de la actualización salarial, asegurando que las garantías constitucionales de los trabajadores no se tornen ilusorias.

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