La dirigente piquetera Vanesa López, que confesó haberse quedado con mercadería destinada a sectores vulnerables para venderla, fue condenada hace casi un año por la justicia federal con sede en Resistencia. Ella y su esposo Walter Liva, junto a Claudio Rubén Ojeda, fueron procesados por lavado de activos. El fallo, cercano a cumplir un año (el 31 de octubre), fue emitido por el juez de Cámara Juan Manuel Iglesias.
La causa se originó a partir de la compra de vehículos de alta gama y cambios llamativos en el patrimonio de López. Las pruebas permitieron mostrar poco después que la referente social del Barrio Toba en Resistencia desvió mercadería del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco para su comercialización en circuitos del sector privado.
Los ingresos formales como empleados públicos de la provincia no eran compatibles con el estilo de vida que llevaban. López percibía un salario estatal de $22.000, Liva de $ 19.000 y Ojeda $ 32.000 en 2021. Sin embargo entre los tres adquirieron varios vehículos: camionetas RAM 1500, motocicletas Yamaha y Volkswagen Amarok, cuyos valores superaban ampliamente sus ingresos.
El esquema consistía en el uso de la Cooperativa de Trabajo Juventud Santa Catalina, constituida en 2012, para desviar fondos y bienes. A través de la entidad, que realizaba trabajos de refacción y limpieza en establecimientos educativos, López y su círculo cercano recibían transferencias directas de Desarrollo Social a una cuenta bancaria. Estos fondos, destinados a pagar a los socios de la cooperativa, eran retirados en efectivo y utilizados para fines personales.