El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas. En forma simultánea, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el financiamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia dentro del proyecto de Presupuesto 2027.
La acción judicial fue concretada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, en cumplimiento del mandato de protección de los recursos naturales en áreas soberanas.
Acciones judiciales contra petroleras e directivos
La denuncia alcanza a las compañías Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, el accionar judicial responde a los siguientes ejes:
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Infracción a la Ley 26.659: Se cuestiona la adquisición de licencias otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido para la exploración y explotación en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de las autoridades argentinas.
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Culpabilidad corporativa: La presentación penal no solo recae sobre las firmas comerciales y sus accionistas, sino también sobre directores, gerentes, síndicos, administradores y representantes legales involucrados en la toma de decisiones.
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Resguardo de soberanía: Desde la Casa Rosada ratificaron que el objetivo central consiste en velar por los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Financiamiento militar estratégico para 2027
De manera complementaria, el jefe de Estado firmó una instrucción dirigida al Ministerio de Economía con miras a la formulación del Presupuesto Nacional 2027, cuyo texto final deberá ser presentado en el Congreso de la Nación antes del próximo 15 de septiembre.
La medida ordena asignar carácter prioritario al presupuesto destinado al desarrollo de la Base Naval Integrada y a proyectos complementarios de seguridad nacional. De acuerdo con el Ejecutivo, ambas iniciativas forman parte de una política de Estado orientada a fortalecer la capacidad defensiva del territorio y el resguardo de las fronteras marítimas de la República Argentina.
