El jurista y expresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, se pronunció sobre el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el organismo internacional. En declaraciones radiales, el especialista explicó los alcances que tendría una eventual resolución del ente supranacional sobre la situación procesal de la exmandataria, quien solicitó la anulación de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el cese de su prisión domiciliaria.
Salvioli remarcó que el órgano de la ONU no tiene competencias para actuar como una instancia de revisión penal sobre la responsabilidad de los imputados, sino para juzgar el cumplimiento de las garantías procesales e institucionales del Estado argentino.
"El Comité no puede declarar que Cristina Kirchner es inocente ni que es culpable; lo que puede decir es si la actuación del Estado ha sido o no violatoria de un instrumento jurídico vinculante para la Argentina como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", aseveró el jurista.
Naturaleza de las decisiones y requisitos de arbitrariedad
El especialista, que encabezó el organismo dependiente de la ONU en 2018, subrayó que los pronunciamientos del Comité revisten carácter vinculante para el país al estar fundamentados en tratados internacionales integrados en la Constitución Nacional:
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Estándar de revisión: Salvioli advirtió que el parámetro para que el Comité intervenga exige demostrar una "arbitrariedad muy manifiesta o escandalosa", para evitar funcionar como un tribunal ordinario de revisión judicial interna.
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Obligatoriedad jurídica: Sostuvo que, de no acatarse un dictamen del organismo, "el Estado incurre en ilicitud internacional y entra en un proceso de desprestigio institucional", destacando que la Argentina mantiene históricamente una tradición de cumplimiento democrático.
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Composición del órgano: Destacó que el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego cumple con los requisitos formales y pasará a ser analizado por un panel de 18 expertos independientes.
