El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy —vinculada a actividades de exploración hidrocarburífera no autorizadas en las Islas Malvinas— forma parte de una iniciativa empresarial beneficiada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con el legislador, la firma posee una participación del 15% en la sociedad Southern Energy, proyecto aprobado por el Poder Ejecutivo mediante la Resolución 559/2025 para el desarrollo y exportación de gas desde la provincia de Río Negro.
En su presentación, Ferraro detalló que Harbour Energy es la misma entidad jurídica que operaba previamente bajo el nombre de Premier Oil PLC antes de su cambio de denominación en 2021. La antecedente firma había sido sancionada e inhabilitada de forma oficial en 2013 en el marco de la Ley 26.659, la cual prohíbe el desarrollo de tareas de exploración o extracción en la plataforma continental argentina sin la correspondiente autorización del Estado nacional.
El planteo legislativo cobra relevancia en momentos en que la Casa Rosada impulsa una serie de medidas de endurecimiento diplomático y judicial contra empresas y personas involucradas en la explotación ilícita de recursos en el archipiélago. A pesar de los señalamientos, el proyecto asignado a Southern Energy prevé la movilización de un despliegue logístico en la Patagonia, con el arribo periódico de embarcaciones para el traslado e instalación de más de tres mil cañerías.
La denuncia presentada por el referente de la Coalición Cívica aguarda por definiciones en el ámbito judicial y parlamentario. De confirmarse la incompatibilidad legal de la firma británica dentro del esquema de incentivos fiscales y cambiarios, el caso podría sentar un precedente sobre el control administrativo de los inversores extranjeros en proyectos energéticos estratégicos dentro del territorio nacional.
