Su defensa técnica solicitó suspender formalmente el requerimiento fiscal que lo obliga a justificar su evolución patrimonial, cuyo plazo original de 15 días vence este próximo miércoles.
El planteo judicial busca ganar tiempo antes de tener que responder a un cuestionario de 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. Estas preguntas surgieron a partir del análisis patrimonial y financiero que llevó a cabo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) sobre los bienes del exfuncionario.
A través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni fundamentó la prórroga en la necesidad de acceder previamente a elementos clave de la causa, entre ellos el teléfono móvil del contratista Matías Tabar. Dicho contratista realizó diversos trabajos en la vivienda que el exjefe de Gabinete posee en el country Indio Cuá, por lo que la defensa exige revisar el contenido vinculado a esas obras antes de contestar.
Uno de los puntos más complejos que la fiscalía le exige aclarar a Adorni está vinculado con una inversión de 200.000 dólares en bitcoin. Los investigadores buscan determinar si el exfuncionario cuenta con la documentación respaldatoria necesaria que permita acreditar fehacientemente el origen de esos fondos utilizados para adquirir los criptoactivos.
Actualmente, la decisión final se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo, quien todavía debe resolver el planteo de la defensa. La definición del magistrado respecto al acceso al teléfono de Tabar resultará determinante para establecer si se congela el vencimiento del plazo o si Adorni deberá responder esta misma semana ante la Justicia.
