Se trata de Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumado, exjefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), quienes están bajo la lupa por su presunta responsabilidad en la causa del fentanilo contaminado.
La medida fue dispuesta por el juez Ernesto Kreplak tras detectar que ambas habrían omitido actuar pese a conocer las graves irregularidades en los laboratorios involucrados. La investigación vincula este opioide adulterado con al menos 90 muertes y sostiene que las funcionarias no adoptaron medidas concretas contra las plantas elaboradoras a tiempo.
El foco de la fiscalía recae sobre el control de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., ambos pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro. Según las pruebas, existieron inspecciones previas y reuniones "acaloradas" en la sede de la ANMAT donde se discutieron las deficiencias técnicas, pero el organismo no intervino hasta que se registraron los primeros fallecimientos.
Para la Justicia, la "ineficiente tarea de contralor" de estas funcionarias colocó a la población en una situación de riesgo inadmisible. Informes previos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya habían advertido sobre la falta de regulación efectiva durante el periodo en que el fentanilo mortal salió al mercado.
El arresto de Bisio se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, mientras que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente ante la policía junto a su abogado. Ambas ya habían declarado anteriormente como testigos, pero ahora su situación procesal cambió drásticamente al quedar a disposición del Juzgado Federal N° 3 de La Plata.
