Este martes se cumple un mes del presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada asesinada y desmembrada en la ciudad de Córdoba. Hasta el momento, la causa judicial dirigida por el fiscal de instrucción Raúl Garzón cuenta con tres personas bajo arresto preventivo y una serie de peritajes en curso tendientes a esclarecer la mecánica del crimen y las presuntas vinculaciones de los sospechosos con redes delictivas locales.
La menor fue vista por última vez el pasado sábado 23 de mayo, cuando se trasladó en un automóvil de alquiler hacia el domicilio de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que había mantenido una relación de pareja con la madre de la víctima. Según la declaración testimonial del chofer que realizó el traslado, la joven descendió en la vivienda de barrio Cofico tras manifestar que recibiría una sorpresa. El conductor señaló además un comportamiento evasivo por parte del sospechoso al momento de abonar la tarifa del viaje.
La investigación preliminar determinó que el fallecimiento de la adolescente se produjo entre la 1:00 y las 3:00 de la madrugada del domingo 24 de mayo, pocas horas después de su ingreso al inmueble. Tras una semana de búsqueda bajo el protocolo de Alerta Sofía, el cuerpo fue localizado en un predio descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El informe de la autopsia médico-forense reveló que la causa de muerte fue estrangulamiento y consignó signos de desmembramiento en la región pélvica del cadáver.
El principal imputado, Claudio Barrelier, afronta cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), luego de haber incurrido en contradicciones materiales durante sus primeras comparecencias ante la fiscalía. Por su parte, los otros dos detenidos, Osvaldo Fassetta, quien alquilaba una habitación en la misma vivienda, y Soledad Andreani, presunta propietaria del vehículo utilizado para el traslado del cuerpo, permanecen acusados bajo la figura de encubrimiento agravado.
El caso generó repercusión pública e institucional tras la clausura de un establecimiento comercial administrado por Andreani, donde se investigan posibles delitos conexos vinculados a la vulneración de derechos de menores. Tras el levantamiento del secreto de sumario decretado el pasado viernes, la representación legal de los damnificados y las agrupaciones sociales que acompañan a la familia de la víctima aguardan la incorporación de nuevos elementos probatorios para requerir la elevación de la causa a juicio.





