El vocero presidencial, Manuel Adorni, denunció este jueves que 212 presos condenados y procesados recibían una pensión no contributiva por invalidez laboral. El dato surge a partir de un cruce de datos entre el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Inmediatamente se procedió a la baja de estas 212 pensiones que cobraban delincuentes que nunca las deberían haber percibido, para que el dinero vuelva a los contribuyentes", aseguró el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

La investigación de la ANDIS, dirigida por Diego Spagnuolo, es una de las auditorías que lleva a cabo este organismo, el cual depende del Ministerio de Salud de la Nación, para "transparentar el uso de los recursos públicos, asegurando que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan", en palabras del titular de la ANDIS.

El dato de los prófugos y presos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS, surgió a partir de las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

"Los parásitos cayeron en su propia trampa", afirmó Manuel Adorni el 25 de octubre, cuando se reveló el número de prófugos detenidos luego de ser citados por la ANDIS para someterse a la auditoría. Este proceso de validación de datos fue impulsado por Spagnuolo.