A tres días del reclamo que un grupo de originarios encabezó en el Juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito , continúa el escándalo y el cruce de versiones luego de que el Gobierno provincial emitiera un comunicado desmintiendo a la jueza, quien permaneció encerrada en la sede judicial durante más de 13 horas.
Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas del Chaco se manifestaron y mediante un comunicado expresaron: "No podemos aceptar la desmentida en el informe oficial del Poder Ejecutivo, a través del comisario Octavio Molina que encabezó el operativo de seguridad ante la toma del Juzgado de Paz y Faltas de El Sauzalito, por no ajustarse a la verdad. La realidad es una sola y los hechos fueron observados por los ojos del mundo".
La situación se desató este miércoles, cuando un grupo de la comunidad wichí se acercó al Juzgado solicitando avances en la investigación por el femicidio de la joven J.R. La jueza Noemí Pérez les transmitió que su fuero no tenía intervención en el caso, pero de igual manera la manifestación terminó con una fogata en el ingreso al edificio.
Fue así que la magistrada permaneció hasta la madrugada del jueves en el interior del edificio. "La manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación", comunicó el Ejecutivo Provincial. Lo que "trascendió" en los medios, en realidad eran las manifestaciones públicas de la juez protagonista del hecho.
El comunicado de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Paz y Faltas del Chaco planteó además que "el fuego encendido, las gomas quemándose, ramas, palos colocados frente al portón de ingreso del juzgado, si no es bloqueo o amedrentamiento ¿qué es?".
A las declaraciones del comisario Octavio Molina calificaron de "graves" ya que para él "la ausencia de candados no implica encierro". "Nos ocupa y preocupa", sentenciaron.
"A la doctora Sandra Pérez, junto a su personal, no se le garantizó su circulación. Menos aún tuvieron la libertad de salir a la hora deseada, cuando finalizaban sus tareas laborales", manifestaron los magistrados y añadieron que "existió la privación ilegítima de la libertad y/o toma de rehén desde que no medió el consentimiento del personal a restringir sus movimientos, que tuvieron que esperar hasta las 2.30 y fue por un acta cuyo contenido no se le permitió leer, solo firmar al reverso y en blanco, como única condición de salir y proteger su integridad física".
"Sostenemos que la violencia nunca es el camino, reconocemos el derecho a peticionar pero debe ser dentro de la ley, aferrándose a la verdad, asimismo peticionamos que se investigue las irregularidades y se determine los responsables", concluyeron.
