El Gobierno nacional enviará esta semana al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el objetivo de endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la exploración petrolera y la pesca en Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa, impulsada por el canciller Pablo Quirno y el asesor presidencial Santiago Caputo, ingresará por la Cámara de Diputados y comenzaría a debatirse entre fines de septiembre y principios de octubre.
Uno de los principales cambios será la ampliación de la actual Ley 26.659, que desde 2011 establece restricciones para compañías involucradas en la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización estatal. El nuevo régimen incorporaría también la pesca y podría establecer inhabilitaciones para operar en el país, decomiso de buques o capturas y fuertes sanciones económicas, además de alcanzar a filiales, accionistas y proveedores que colaboren con esas actividades.
El proyecto también contempla un mecanismo para levantar las sanciones en caso de que las compañías abandonen negocios petroleros o pesqueros autorizados por las autoridades de las islas. A la vez, el Gobierno analiza reforzar el control sobre el Atlántico Sur y establecer bajo qué condiciones determinados barcos que hayan colaborado con operaciones en Malvinas podrían ser considerados hostiles al ingresar a las 200 millas argentinas, una medida que deberá adecuarse al derecho internacional marítimo.
Otro de los ejes será fortalecer la vigilancia de la zona mediante tecnología satelital y crear un Consejo de Seguridad Nacional integrado por áreas como Defensa, Cancillería, Seguridad y la SIDE. El organismo tendrá entre sus objetivos coordinar políticas vinculadas con Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de proteger infraestructura considerada estratégica, mientras que el Gobierno ya reasignó fondos para reforzar las capacidades de seguimiento marítimo.
La estrategia se complementará con el impulso a la Base Naval Integrada de Ushuaia, concebida como un punto estratégico para la vigilancia y la logística del Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. En paralelo, Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta vinculación con actividades hidrocarburíferas en las islas y presentó una denuncia penal contra compañías relacionadas con el proyecto petrolero Sea Lion.
