Piratas en Malvinas: las petroleras aseguran que las sanciones argentinas no frenan el proyecto

A través de un comunicado conjunto, las operadoras de capitales británicos e israelíes respaldaron la validez de sus licencias y descartaron un impacto significativo en sus planes de producción offshore, mientras sus cotizaciones bursátiles registraron bajas.
4 de septiembre 2026, 18:06hs

Las compañías Rockhopper Exploration (Reino Unido) y Navitas Petroleum (Israel), concesionarias del yacimiento hidrocarburífero Sea Lion, respondieron formalmente a los anuncios del presidente Javier Milei. Las firmas desestimaron el alcance de las medidas administrativas y judiciales promovidas por la Casa Rosada y confirmaron que mantendrán el cronograma previsto para iniciar la extracción comercial de crudo.

A pesar de que ambas empresas buscaron llevar tranquilidad a los inversores asegurando que operan bajo el amparo de la legislación británica e isleña, los mercados reaccionaron con bajas en las acciones de ambas corporaciones.

Puntos clave del comunicado y la situación financiera

  • Validez de las licencias y respaldo diplomático: Las empresas afirmaron operar bajo autorizaciones legítimas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y destacaron el respaldo "total y continuo" de la corona británica para la continuidad de los trabajos en la Cuenca Malvinas Norte.

  • Sin impacto operativo: De acuerdo con la declaración conjunta emitida tras la cadena nacional de Milei, los consorcios consideran que las inhabilitaciones e incrementos de penas no generarán un "impacto significativo" ni alterarán la hoja de ruta del desarrollo energético.

  • Reacción en las bolsas: A pesar del mensaje corporativo de estabilidad, los papeles de Rockhopper cayeron en la Bolsa de Londres, mientras que las acciones de Navitas registraron pérdidas en el recinto bursátil de Tel Aviv.

  • Incentivo legislativo e inhabilitación masiva: La respuesta empresaria se da en el marco del paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo argentino para extender las penalidades a los accionistas, directivos y proveedores clave del sector que intervengan en la cuenca sin aval del Estado continental.

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