El sobreendeudamiento de las familias se consolidó como uno de los problemas sociales y económicos más severos en la Argentina. Lejos de ser un instrumento de consumo o inversión, el acceso al crédito se transformó en una estrategia de subsistencia para cubrir necesidades básicas, generando crecientes tensiones sociales, deterioro en la salud mental e incremento del riesgo de violencia intrafamiliar.
Según los últimos indicadores del Mapa de la Deuda —publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung—, la aceleración de este fenómeno está empujando a los hogares a un circuito de "recrédito", donde se toman nuevas deudas para saldar compromisos vencidos.
Números alarmantes: mora acumulada y riesgo de informalidad
El informe detalla que 6 de cada 10 personas en el país solicitan préstamos para comprar alimentos, pagar alquileres o tarifas públicas y afrontar gastos médicos.
Las estadísticas del sistema muestran un deterioro progresivo de los indicadores crediticios:
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Evolución de la mora: La deuda en mora de las familias alcanzó el 17,5% en junio.
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Monto de las obligaciones: El promedio de deuda por persona registró un incremento del 60% real en el mismo período.
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Atrasos prolongados: El 35% de los saldos impagos acumula un atraso superior a los 365 días.
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Impacto en jóvenes: Casi 4 de cada 10 menores de 25 años presentan severos atrasos en sus pagos.
Ante el ahogo financiero y la imposibilidad de calificar en el sistema formal, un porcentaje significativo de familias recurre a prestamistas informales, financieras no reguladas o circuitos barriales vinculados al delito, quedando expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Mirada internacional y propuestas de solución
Frente a la magnitud de la crisis, diversos especialistas remarcan la necesidad de una intervención estatal directa que evite que el crédito desregulado profundice las brechas de desigualdad.
Como antecedente regional, se destaca la segunda fase del programa "Desenrola Brasil", implementado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el cual estableció topes a los intereses de tarjetas de crédito y abrió renegociaciones hasta en 60 meses con tasas subsidiadas para sectores de menores ingresos.
En el ámbito local, la propuesta formulada por el economista Martín Redrado plantea articular un plan estratégico de inclusión financiera estructurado en tres pilares:
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Protección al consumidor: Regulación de tasas con topes estrictos a la usura.
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Microcrédito social: Oferta de crédito a tasa subsidiada con garantía pública para sustituir pasivos abrumadores.
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Inclusión e instrucción: Programas masivos de educación financiera y asistencia legal a deudores.
