El tratamiento de un conflicto internacional de custodia que derivó en la detención de Francisco Bustos Nieto (39) en la Comisaría Cuarta de Resistencia abrió un profundo debate legislativo en los estudios de Radio Facundo Quiroga. Durante la emisión del programa Kaníbal, la conductora Karina Lancuba dialogó con Salvador Bustos —padre del detenido—, quien detalló la compleja trama judicial que involucra a tribunales de Chile, Paraguay y Argentina. La niña, de nacionalidad chilena, había sido llevada a Paraguay por su madre bajo un permiso temporal que vencía en enero de 2026; tras incumplirse la restitución y dictarse sentencias favorables al padre bajo el Convenio de La Haya, el cruce del progenitor hacia territorio argentino desencadenó su aprehensión en la capital chaqueña.
Durante la entrevista, el padre de Francisco denunció la existencia de "tráfico de influencias" y presiones ejercidas por la madre de la menor —quien se desempeña en la Cancillería paraguaya—, señalando que su hijo enfrenta hoy un pedido de extradición en medio de acusaciones que calificó de infundadas. Salvador argumentó que la niña sufrió un despojo de su entorno habitual en Chile e instó a las autoridades a velar por la seguridad de su hijo y por la pronta restitución de la menor a su país de origen. En ese contexto, se expuso la vulnerabilidad de los padres ante la dilación de los procesos judiciales y la instrumentalización de los conflictos familiares.
Frente a esta situación, el diputado provincial Samuel Vargas analizó la vigencia y el avance del proyecto de ley para la creación del Registro Provincial de Obstructores de Vínculos Familiares en la provincia del Chaco (iniciativa vinculada a la Ley 3000/22). El legislador explicó que la norma busca penalizar a aquellos progenitores o tutores que incumplan de manera reiterada con los regímenes de visitas e impidan el contacto de los hijos con sus familias. Vargas remarcó que figurar en dicho registro de carácter público implicará severas inhabilitaciones, tales como la imposibilidad de ejercer cargos en la función pública provincial, ser proveedor del Estado o postularse a candidaturas electivas.
Por su parte, la diputada Katia Blanc, quien se sumó al debate en la mesa de Radio Facundo Quiroga, coincidió en la urgencia de abordar estas problemáticas con la máxima responsabilidad institucional, enfatizando que el eje ordenador de toda actuación judicial debe ser siempre el "interés superior del niño y de la niña". La legisladora remarcó la importancia de evitar la manipulación de los menores en medio de los pleitos de los adultos —ya sea por regímenes de comunicación o disputas alimentarias— y abogó por el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los juzgados de Familia para garantizar diagnósticos objetivos e imparciales.
La mesa de trabajo concluyó con el compromiso de dar continuidad al seguimiento legislativo de estas herramientas de protección familiar en la Cámara de Diputados del Chaco. Tanto los conductores como los legisladores coincidieron en que la provincia necesita marcos normativos claros que impidan el uso abusivo de las herramientas legales, garanticen el debido proceso para ambas partes y velen, por encima de cualquier interés particular, por el bienestar psicológico y emocional de las infancias afectas por litigios provinciales o internacionales.
