La negociación parlamentaria en torno al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal enfrentó severas complicaciones en la Cámara de Diputados. Según confirmaron fuentes del Congreso, la inclusión de funcionarios públicos dentro del régimen de beneficios fiscales se convirtió en el principal obstáculo para abrochar los acuerdos, impulsado por el reciente antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.
A pesar de las crecientes resistencias, el bloque de La Libertad Avanza no planea dar un paso atrás e intentará emitir dictamen de mayoría este miércoles a las 11:00, en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, convocado en el anexo C de la Cámara baja.
Si bien la intención inicial era llevar el debate al recinto el próximo 19 de agosto, en los pasillos parlamentarios comenzó a cobrar fuerza la fecha del 26 de agosto para tratar la norma en una sesión combinada con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Cuestionamientos de la oposición y defensa técnica
Durante la reunión informativa celebrada la semana pasada, representantes del Ministerio de Economía expusieron los detalles técnicos de la iniciativa, diseñada para ampliar el Régimen Simplificado de Ganancias y fomentar la formalización de fondos no declarados en el circuito económico.
Sin embargo, la oposición concentró duras críticas al sostener que la medida alienta la evasión impositiva y funciona como una amnistía fiscal continua que beneficia a los propios integrantes del Estado.
Ante los señalamientos, las autoridades del gabinete económico rechazaron las acusaciones:
-
Sin anulación de controles: La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, aclaró que la norma no constituye un régimen de regularización de activos sino una "declaración jurada simplificada". Precisó además que los funcionarios seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y que la ley "no anula la normativa antilavado ni la antievasión".
-
Alcance exclusivo a personas humanas: El director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, remarcó que las sociedades comerciales quedan excluidas del esquema y que los beneficiarios deben mantener la condición de residentes fiscales argentinos.
-
Capitales fuera del sistema: El director del Banco Central, Martín Vauthier, fundamentó la necesidad de la ley al señalar que los argentinos poseen al menos 170.000 millones de dólares fuera del sistema financiero, un volumen que cuadruplica el total de depósitos en moneda extranjera. "El objetivo es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir penalidades", argumentó.
La controversia en torno a Adorni
El debate legislativo se enrareció tras conocerse que, días antes de dejar su cargo, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron su adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La presentación del exfuncionario se produjo en el marco de una investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, situación que fue esgrimida por los bloques opositores como el principal argumento para exigir modificaciones en el texto de la ley y limitar el alcance del beneficio para los funcionarios públicos.
