El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que introduce un paquete de medidas para combatir y reprimir la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, con un foco central en las herramientas digitales de última generación y los contenidos generados mediante inteligencia artificial (IA).
La normativa actualiza el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) para penalizar de forma explícita la creación, simulación y difusión de material sexual que involucre a menores a través de montajes, adulteraciones o la tecnología conocida como "deepfake". La responsabilidad penal abarcará desde quien crea o gestiona el contenido hasta quienes lo alojan, administran en foros o simplemente acceden a visualizarlo.
Ampliación del delito y patrullaje virtual
La legislación expande la definición de material de violencia sexual para incluir cualquier representación, sea real o ficticia creada por IA, abarcando situaciones de connotación sexual incluso cuando no exista exposición explícita de órganos genitales. A su vez, recorta los márgenes de impunidad en entornos digitales:
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Agravante por anonimización: Se perseguirá penalmente el empleo de herramientas tecnológicas destinadas a ocultar la identidad del autor en la red, como el uso de servidores proxy para enmascarar direcciones IP.
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Ciberpatrullaje policial: Las fuerzas de seguridad quedan facultadas para efectuar tareas de patrullaje virtual en entornos digitales públicos (redes sociales, canales de mensajería y foros) con el objetivo de recolectar pruebas preservando la cadena de custodia probatoria.
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Calificación legal: Los procesos judiciales por estos delitos sufren un endurecimiento generalizado con la suba de escalas penales y su reclasificación bajo la categoría de delitos graves.
Asistencia psicológica y resarcimiento económico
En materia de protección y reparación a las víctimas, la norma establece que los niños y adolescentes afectados —así como los testigos— contarán con atención psicológica y psicosocial continua para mitigar los daños derivados de la circulación del material en Internet.
En un apartado novedoso en materia de reparación patrimonial, la ley dispone que los abusadores y los integrantes de redes de explotación sexual deberán financiar de forma integral los costos de tratamiento de las víctimas, debiendo reembolsar al Sistema Único de Salud (SUS) los gastos ocasionados por las prestaciones médicas y psicológicas brindadas.
