La tensa tregua política en la cúpula de La Libertad Avanza volvió a crujir con fuerza en los pasillos del Palacio del Congreso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, tomó la decisión estratégica de dilatar el regreso a la actividad en el recinto, postergando la sesión ordinaria del Senado hasta mediados de julio. La medida caló hondo en el riñón de la jefatura de la bancada oficialista, bajo la conducción de la senadora porteña Patricia Bullrich, e instaló un nuevo capítulo en la enconada disputa que ambas dirigentes protagonizan desde el desembarco de la exministra en las filas libertarias.
Según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, la intención de Bullrich consistía en abrir las puertas del recinto la semana entrante para sancionar un paquete de leyes de alto impacto político —que incluye modificaciones regulatorias a la propiedad privada, la Ley Hojarasca y una serie de pliegos judiciales—. Con esta maniobra, la jefa del bloque pretendía escenificar un Senado activo y dinámico, capitalizando políticamente la reciente salida de Manuel Adorni de la estructura del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los planes de la legisladora chocaron de frente con la resolución oficializada por el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, que fijó la convocatoria a Labor Parlamentaria recién para el próximo miércoles 8 de julio a las 12:00, en las vísperas del feriado nacional.
La imposibilidad material de sesionar en la fecha pretendida fue reconocida por la propia Bullrich ante sus pares de bancada, al advertir que los debates en el recinto deberán esperar al menos hasta la semana del 15 o 16 de julio. Al factor de la interna política se sumó una complicación logística de carácter federal: varios senadores del interior, entre ellos la tucumana Beatriz Ávila, plantearon la necesidad de encontrarse en sus distritos de origen a partir del 8 de julio para encabezar las vigilias y los actos oficiales en conmemoración del Día de la Independencia.
El temario en disputa
Cuando el cuerpo finalmente logre sentarse en las bancas, el eje de la discusión estará concentrado en el proyecto de propiedad privada, una iniciativa de fuerte sesgo desregulador diseñada por el ministro Federico Sturzenegger que debió atravesar profundas modificaciones para conseguir el dictamen número 12. El texto original del Ejecutivo, que buscaba la flexibilización total para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, fue severamente recortado por la oposición dialoguista:
-
Se ratificó la prohibición absoluta de compra de tierras para Estados extranjeros o firmas privadas ligadas a gobiernos de otros países.
-
Se determinó que cualquier operación en zonas de frontera requerirá la triple aprobación de los gobiernos provinciales, la administración nacional y el Congreso de la Nación.
-
Se podó por completo el capítulo vinculado a reformas en la ley de barrios populares, limitando el alcance a cambios puntuales en materia de desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
De forma complementaria, La Libertad Avanza buscará dar luz verde a la Ley Hojarasca para derogar unas 70 normativas consideradas obsoletas ante los avances tecnológicos. Entre las regulaciones que el Gobierno pretende barrer se destaca la ley 20.120 —dictada durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse—, la cual exige dar aviso policial previo para realizar reuniones públicas en espacios cerrados, y la ley 20.983 de 1975, que imponía a las emisoras de radio y televisión la obligación de destinar 60 minutos diarios de su grilla a contenidos de promoción turística. Finalmente, el oficialismo intentará contrarreloj blindar la aprobación de siete pliegos judiciales, entre los que resalta la prórroga por cinco años para el mandato del camarista Víctor Pesino, quien cumplirá el límite constitucional de 75 años el próximo 27 de julio.
