El Gobierno nacional formalizó el traspaso operativo de más de 1.800 kilómetros de rutas y autopistas a manos del sector privado, en lo que constituye un avance clave de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Economía, se confirmó el otorgamiento del control de un total de 1.871 kilómetros a las firmas que resultaron adjudicatarias tras los procesos de licitación pública y la posterior apertura de sobres con ofertas económicas realizada en febrero último.
A partir de este miércoles 1 de julio, las corporaciones seleccionadas asumirán de manera integral la explotación comercial, la administración y las tareas de mantenimiento de las calzadas en jurisdicción de las provincias de Buenos Aires y La Pampa. "Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios", argumentaron desde la cartera que lidera el ministro Luis Caputo, ratificando la premisa de alcanzar el déficit fiscal cero mediante la eliminación de subsidios y transferencias del Tesoro a la obra pública.
El esquema de ordenamiento para esta fase del programa vial divide las trazas geográficas en dos grandes unidades de negocios:
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Tramo Pampa: Quedará bajo la órbita de la firma Corredor Vial 5. La compañía pasará a gestionar de forma exclusiva las rutas nacionales 5 y 35, que articulan el flujo de transporte agrícola y de pasajeros entre el territorio bonaerense y pampeano.
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Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: Será administrado por la operadora Rutas Sur Atlántico. Este consorcio tendrá bajo su control las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de los principales corredores de conectividad metropolitana: las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Este anuncio complementa las acciones iniciadas a comienzos de año en el marco de la reconversión de los corredores nacionales. En enero pasado, el Poder Ejecutivo había rubricado los contratos correspondientes a la Etapa I, los cuales habilitaron la posesión de 741 kilómetros englobados en los denominados Tramos Oriental y Conexión. Dichas vías integran el estratégico corredor logístico del Mercosur e incorporan la administración del Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, un nodo de alta densidad vehicular debido a su proximidad con las terminales portuarias y los centros de procesamiento agroindustrial del Gran Rosario.
Hacia el mediano plazo, el plan vial del oficialismo contempla la puesta en marcha de la Etapa III, un ambicioso paquete que abarca más de 3.900 kilómetros de extensión distribuidos en ocho tramos específicos. Si bien la apertura de sobres ya se concretó, las autoridades técnicas del Ministerio de Economía aún se encuentran evaluando los pliegos para definir a las futuras empresas adjudicatarias que tomarán las riendas de la infraestructura vial en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza.
