El 80% del comercio exterior argentino pasa a gestión privada tras concluir la licitación pública de la Hidrovía

19 de junio 2026, 7:19hs

A través de la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el Ejecutivo nacional dio por cerrado el proceso licitatorio. La firma del contrato se ejecutará en un plazo máximo de 30 días, proyectando una reducción inmediata del 13,5% en los costos logísticos y obras de dragado estratégico.

El Gobierno nacional completó de manera oficial la adjudicación de la Vía Navegable Troncal al seleccionar a la firma internacional Jan de Nul-Servimagnus como la ganadora de la licitación pública internacional. El estratégico paso administrativo, formalizado mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, marca el cierre definitivo del proceso de privatización de la principal arteria fluvial del país, por la cual circula aproximadamente el 80% del volumen total del comercio exterior argentino. Según informaron las autoridades portuarias, la compañía adjudicataria presentó la propuesta económica más competitiva y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de los restantes oferentes del sector.

La firma del contrato de concesión está prevista para llevarse a cabo dentro de los próximos 30 días y, de acuerdo con las proyecciones informadas oficialmente por el Ministerio de Economía, su activación generará una reducción directa del 13,5% en los costos logísticos del transporte fluvial. Asimismo, el pliego del proyecto contempla ambiciosas obras de dragado y profundización de la vía navegable en toda su extensión, sumado a la incorporación de tecnología de última generación. El equipamiento técnico estará destinado a optimizar la seguridad general de las embarcaciones de gran calado y a robustecer de forma coordinada las acciones federales de combate contra el narcotráfico y el contrabando en las fronteras de agua.

De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos por las carteras técnicas, las obras de infraestructura previstas permitirán que los buques de transporte internacional completen la totalidad de su carga directamente en los puertos fluviales de origen. El objetivo central de esta mejora en el calado es generar ahorros financieros adicionales para las empresas exportadoras, ampliando significativamente la frontera productiva e incrementando de forma directa la competitividad global de los sectores industriales del país. Con este nuevo esquema normativo, el Estado nacional pone fin a la etapa de gestión estatal directa sobre la infraestructura de la Hidrovía, dando paso a un modelo de inversión privada pura donde el sector público conservará únicamente las facultades de control, auditoría y supervisión.

El proceso licitatorio cosechó un fuerte respaldo por parte de las principales entidades de usuarios privados y cámaras corporativas del engranaje agroindustrial del país. Entre los firmantes que avalaron los dictámenes de la Comisión Evaluadora se destacan la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas. Las corporaciones coincidieron en que la previsibilidad de los contratos de dragado es una condición indispensable para asegurar el flujo continuo de divisas hacia el Banco Central.

En el plano estrictamente político, el Gobierno destacó el explícito acompañamiento de los gobernadores de las provincias litoraleñas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, quienes manifestaron su conformidad con la transparencia del procedimiento. A nivel de control internacional, la licitación pública contó con la auditoría externa en sus diferentes fases de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La comitiva internacional supervisó de cerca la correcta aplicación de las buenas prácticas mundiales en la gestión y delegación de infraestructuras soberanas de alto impacto comercial.

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