La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras acusaciones contra los principales referentes de Pro y de la Unión Cívica Radical (UCR), afirmando que los hechos de corrupción atraviesan de manera transversal a los diferentes espacios políticos de la Argentina.
Durante una entrevista televisiva en el programa de Mirtha Legrand, la ex diputada nacional renovó sus cuestionamientos hacia el jefe del bloque de diputados de Pro, Cristian Ritondo, y descartó que su distanciamiento responda a cuestiones de afinidad personal. "Ritondo dice que yo no le hablo porque es desmoroncho. No, señores, yo no le hablo porque es corrupto", disparó la dirigente, quien además aseveró que el legislador posee cerca de 180 propiedades que no puede justificar y vinculó de forma directa a su entorno cercano con operadores de la estructura judicial y empresarios del sector del juego.
En su descargo, Carrió también dirigió sus críticas hacia la figura del ex presidente Mauricio Macri, manifestando que se equivocó al haberle brindado su respaldo político en el pasado y sentenciando que el ex mandatario "no puede decir que se predica con el ejemplo". El cuestionamiento patrimonial y ético de la referente se extendió a otros dirigentes de la anterior coalición gobernante, entre los que incluyó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y al ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales, advirtiendo en el mismo sentido que el negocio del juego privado amenaza con dominar el escenario institucional del país.
Finalmente, Carrió repasó los motivos históricos que la llevaron a distanciarse de la UCR, recordando un diálogo del año 2001 con el ex presidente Raúl Alfonsín en el que le transmitió que no iba a transformarse en el "mascarón de proa" de los sectores deshonestos del partido. Tras ratificar que se encuentra formalmente alejada de la actividad político-partidaria para preservar la integridad de su núcleo familiar, la dirigente aseguró que mantendrá su participación en el debate público y concluyó que la sociedad debe avanzar hacia un "contrato de mínima decencia" como base para superar la crisis institucional.





