El Gobierno intima a gremios y empresas a renegociar 150 convenios colectivos vencidos

La medida busca aplicar los cambios introducidos por la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, apuntando a actualizar acuerdos que, según el Ejecutivo, en algunos casos tienen más de 50 años de antigüedad y no se ajustan a la realidad actual.
7 de junio 2026, 16:00hs

El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Trabajo liderada por Julio Cordero, iniciará este lunes un proceso masivo de readecuación laboral al intimar a empresas y sindicatos para renegociar 150 convenios colectivos que se encuentran vencidos.

El eje central de esta intimación es el quiebre de la "ultraactividad" absoluta, un principio legal que mantenía vigentes los convenios de forma indefinida hasta ser reemplazados. Con la nueva normativa, si bien se respetan las condiciones de trabajo básicas, las cláusulas "obligacionales" —como aportes especiales y cuotas solidarias pactadas entre empleadores y gremios— caen automáticamente al expirar el plazo del convenio, forzando una nueva negociación.

Entre las innovaciones que el oficialismo busca incentivar se destaca el "salario dinámico", un modelo donde los adicionales retributivos dependen de la productividad, el mérito personal o los resultados específicos de la empresa en lugar de seguir pautas automáticas por inflación. Asimismo, la ley otorga ahora supremacía a los convenios de empresa sobre los nacionales o de actividad, permitiendo adaptar las condiciones laborales a la realidad económica de cada pyme o región.

La implementación de estos cambios ha profundizado el conflicto con la CGT, que denuncia que la reforma busca la "aniquilación de derechos" y promueve la precarización. Mientras el Gobierno sostiene que la descentralización y la flexibilización de las negociaciones fomentarán la creación de empleo genuino, la central obrera advierte que la posibilidad de negociar "a la baja" desprotege a los trabajadores frente a las empresas.

Además de los salarios, el proceso facilita la creación de sindicatos de empresa al reducir drásticamente (del 20% al 5%) el umbral de afiliados necesarios para obtener reconocimiento legal. Por otro lado, la reglamentación habilita el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de ahorro obligatorio destinado a reemplazar el actual esquema de indemnizaciones por despido, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad en el sector privado.

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