Los disturbios se concentraron en las inmediaciones del centro político paceño, dejando como saldo preliminar al menos un integrante de la organización sindical con heridas de diversa consideración.
El conflicto se recrudeció cuando los manifestantes intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo con el objetivo de exigir la renuncia inmediata del presidente, Rodrigo Paz. Para contener el avance y dispersar a la multitud, las fuerzas de seguridad emplearon agentes químicos, mientras que los movilizados respondieron con el uso de explosivos, petardos y palos con clavos.
La movilización actual integra a diversos sectores sociales, incluyendo a organizaciones afines al expresidente Evo Morales que arribaron a la capital tras una marcha de siete días. A estos grupos se sumaron sindicatos de campesinos que mantienen bloqueos en rutas y maestros rurales, generando un colapso logístico y de seguridad en la sede administrativa del país.
Ante la gravedad de los hechos, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, calificó el uso de materiales explosivos como un acto "delincuencial e ilegal". El funcionario enfatizó que, si bien existe el derecho a marchar, los responsables de cometer delitos durante las protestas serán procesados penalmente bajo las leyes vigentes.
Actualmente, la Plaza Murillo permanece bajo una fuerte custodia policial y militar para proteger el Palacio y evitar nuevos incidentes. Las autoridades realizaron un llamado a los sectores movilizados para que ejerzan sus reclamos de manera pacífica, garantizando que las fuerzas del orden actuarán respetando los derechos humanos.





