La Fiscalía de Investigaciones Nº 13 avanza en el caso de corrupción de menores que saltó a público conocimiento el mes pasado. Tres personas, entre ellas la madre y el abuelo de los niños, además de un médico y abogado condenado previamente por causas similares, se encuentran detenidas y bajo sospecha de ser cómplices en actos de abuso sexual hacia los menores.
Los niños, que fueron rescatados semanas atrás, ofrecerán su testimonio en una audiencia programada en Cámara Gesell, un espacio seguro para la protección de sus derechos e integridad emocional. “Este tipo de declaración es esencial para el caso, ya que permite recoger información de los menores en un ambiente seguro, con la asistencia de psicólogos y personal especializado”, explicó el fiscal de investigaciones, doctor Víctor Recio.
El caso involucra a tres personas detenidas, entre ellas la madre y el abuelo de los menores. La tercera persona es un médico que, tras cumplir una condena previa de diez años por abusar sexualmente de pacientes infantiles en un centro de salud, había recuperado su libertad recientemente. Este profesional fue liberado por buena conducta antes de cumplir la condena “El círculo familiar estaba al tanto de las actividades de esta persona, ya que él acudía al domicilio y retiraba a los menores con el consentimiento de sus familiares”, detalló Recio.
La investigación comenzó luego de denuncias realizadas por vecinos, quienes observaron comportamientos sospechosos. Las autoridades lograron ubicar el domicilio de los menores después de meses de seguimiento junto al Departamento de Lucha contra la Trata de Personas. “Estamos ante un caso que, lamentablemente, va revelando cada vez más detalles perturbadores a medida que avanzan los peritajes”, indicó el fiscal.
Uno de los focos actuales de la investigación es el análisis forense de los dispositivos tecnológicos incautados en allanamientos previos. Entre ellos se encuentran teléfonos celulares, computadoras portátiles, discos duros externos, tarjetas de memoria y cámaras fotográficas. “No se descarta que podamos encontrar evidencia de otras víctimas o incluso más personas involucradas”, señaló Recio. Las autoridades advirtieron que el análisis de estos dispositivos podría llevar varios días, debido a la gran cantidad de información por procesar.
Mientras se espera el resultado de los peritajes, la Fiscalía evalúa los elementos necesarios para determinar la prisión preventiva de los detenidos, una medida que podría aplicarse ante el riesgo de fuga o el posible entorpecimiento de la investigación. “A medida que los plazos legales avanzan, es posible que la prisión preventiva se haga inevitable para garantizar que los acusados permanezcan a disposición de la justicia hasta el juicio”, agregó el fiscal Recio.
Los menores se encuentran bajo la tutela de familiares de confianza, tras una intervención de la Línea 102, servicio especializado en la protección de la niñez. Esta medida fue tomada luego de una evaluación para determinar su seguridad, priorizando su bienestar mientras avanza la causa judicial. En cuanto al contexto en el que los menores se hallaban, la Fiscalía trabaja en reconstruir el entorno familiar y las circunstancias en las que vivían antes de ser rescatados.
“Lo más importante es proteger a estos niños y asegurar que puedan expresar su testimonio sin presiones, en un ambiente seguro”, afirmó el fiscal, quien se mostró optimista respecto al avance de la causa.
Paralelamente, Fiscalía y la División de Delitos Informáticos avanza en el peritaje de los dispositivos tecnológicos secuestrados en los allanamientos. No se descartan que haya más víctimas.
